La naturaleza y sus defensores/as como víctimas de la violencia y las guerras

Por: Saúl Franco

Tanto a nivel global como local, es abrumadora la evidencia cotidiana del daño que las guerras y muchas otras formas de violencia le están produciendo actualmente a la naturaleza. A cada minuto nos llegan por las redes y los medios de comunicación imágenes fraccionadas de lo que en conjunto constituye una especie de película de terror. La explosión de los yacimientos de gas en Irán o de las refinerías de petróleo en Israel. La devastación total de la Franja de Gaza en el intento por exterminar al pueblo palestino y su cultura. Los mares convertidos en campos de batalla y sus estrechos, como el de Ormuz, en epicentro de una guerra altamente sofisticada y de consecuencias imprevisibles. El espacio aéreo de muchos países atravesado por drones y misiles cargados con toneladas de explosivos letales. Extensos territorios destruidos, convertidos en ruinas y abandonados por sus habitantes. Y millones de ucranianos, libaneses, palestinos y africanos huyendo desvalidos y despavoridos de sus respectivos países, víctimas del despojo, el desarraigo y el desplazamiento, rumbo a ninguna o a cualquier parte. 

Y si del escenario global pasamos a los nacionales o subregionales, el panorama no es mejor. En Pakistán vuelan en pedazos un centro de rehabilitación dejando cerca de 200 muertos. En Colombia, organizaciones armadas, casi siempre vinculadas al narcotráfico, siguen dinamitando oleoductos y contaminando los ríos, al igual que lo hacen las minerías legales e ilegales, mientras perforan la tierra con minas antipersona y cientos de defensores de Derechos Humanos y de la naturaleza siguen siendo víctimas de la violencia. En Chile, el nuevo gobierno, al tiempo que deroga decenas de decretos de protección ambiental, abre de par en par las puertas para la minería a gran escala y firma millonarios contratos para la explotación de minerales raros, muy apetecidos por la industria tecnológica de los Estados Unidos. Y si bien la deforestación de la Amazonía ha descendido en Brasil durante el actual gobierno, en Colombia, después de un descenso en 2023, volvió a incrementarse en un 74% en 2024 por la presión de la ganadería extensiva y la tala para la industria maderera.  

El objetivo de esta presentación no es resumir o hacer amarillismo con la película cotidiana de terror ambiental esbozada, sino trazar el guion para una conversación abierta y propositiva sobre las consecuencias de las violencias sobre la naturaleza y sus defensores y sobre los posibles campos y mecanismos de respuesta. Para ello, parto de reflexionar sobre el concepto mismo de “naturaleza” y nuestra relación con ella, y la discusión de en qué sentido la naturaleza es objeto de derechos. Presento luego algunas de las modalidades más frecuentes de violencia contra la naturaleza y sus defensores, teniendo muy en cuenta el trabajo realizado al respecto en la Comisión de la Verdad de Colombia, y termino invitando a explorar las posibilidades de acción, más allá del lamento, la pasividad y la denuncia.   

 

¿De qué naturaleza hablamos?

En el lenguaje cotidiano hablamos casi indistintamente de naturaleza, tierra, territorio y medio ambiente, pero vale la pena afinar un poco los conceptos. Entendemos por naturaleza al conjunto de ecosistemas – entre ellos la tierra con el subsuelo y su vegetación, el agua (manantiales, lluvia, ríos y mares), el aire y los animales– y sus relaciones con los seres humanos. Estas interacciones entre los ecosistemas y los seres humanos sustentan la vida compartida en nuestro planeta. El antropocentrismo hizo que se considerara a los humanos como centro del universo y dueños de la naturaleza. Pero ciertas culturas, entre ellas algunas de los pueblos originarios de América, plantearon que no éramos dueños, sino parte de la naturaleza. La reciente encíclica Laudato si, del Papa Francisco, retomó esta idea de la humanidad como parte y no como dueña de la naturaleza.

Por su parte, el territorio trasciende la idea meramente física y geográfica, y resalta la relación entre la tierra y la cultura. El territorio es la naturaleza en íntima relación con la cultura. Es el tejido de los vínculos de las personas y las comunidades con la naturaleza. Podría decirse que es la naturaleza cuidada, querida, vivida. Esta concepción del territorio permite entender mejor que, por ejemplo, la lucha de los pueblos originarios no ha sido solo por la tierra y sus riquezas superficiales y del subsuelo, sino por su relación con ella, por sus usos y los significados, relatos y rituales que han desarrollado con ellas. Y, para el tema de esta conversación, resulta claro que no se trata solo de las relaciones de la naturaleza, sino del territorio con la violencia. Es decir, la violencia no solo afecta la naturaleza, sino que sigue alterando las relaciones de las comunidades y de las personas con ella, desconfigurando los territorios.

Antes de entrar a fondo a las consideraciones sobre la naturaleza y sus defensores como víctimas de la violencia y las guerras, es importante aclarar también que en dichas condiciones de violencia la naturaleza es siempre escenario de las confrontaciones.  En zonas de conflicto, algunos de los ecosistemas que las conforman se convierten forzosamente en el lugar y el habitat en el cual se enfrentan los actores. La naturaleza presencia tanto los hechos bélicos como sus consecuencias en ella y en los seres humanos. Y es además testigo de las respuestas humanas a las violencias, incluyendo el valor y la capacidad para reconstruir y continuar.  

En ocasiones, los actores armados convierten también a la naturaleza en instrumento de sus estrategias y acciones. En el conflicto armado interno colombiano, por ejemplo, los combatientes utilizaron animales, en unos casos para aterrorizar e inclusive matar a sus contrarios, como sucedió con cocodrilos y serpientes venenosas; en otros casos, para explorar con caballos, vacas y cerdos la presencia de minas antipersona; y en otros, para transportar explosivos en burros y caballos, que luego explotaban, siendo estos animales las primeras víctimas. Los ríos también han sido utilizados en el conflicto colombiano para depositar y tratar de ocultar los cadáveres de las víctimas. Se han recuperado miles de cadáveres en más de doscientos ríos en el país. 

La naturaleza como víctima de la guerra y demás violencias.

Igual en Teherán que en Jerusalén, Tel Aviv, Gaza, Beirut, Kiev, Zaporiyia, Abu Dabi o Islamabad, la explosión de misiles, drones y bombas en las actuales confrontaciones armadas producen incendios, cráteres en la tierra y destrucción masiva de vidas humanas, vegetación, edificios, viviendas e infraestructura.  Las densas humaredas tras la destrucción y los incendios de refinerías y reservas de combustible expanden a grandes distancias en el Medio Oriente toneladas de gases contaminantes que afectan severa y prolongadamente la salud de la población. Desde submarinos, barcos y gigantescos portaaviones en distintos mares de las regiones en conflicto se disparan misiles y drones que apuntan a otras embarcaciones o a blancos en tierra, convirtiendo el mar en campo de guerra, contaminando también sus aguas y alterando sus ecosistemas.

Como se anotó anteriormente, la situación no es mejor si se pasa del nivel global y actual al regional y nacional reciente. El caso colombiano es grave y muy ilustrativo. En las más de 3.500 voladuras de los oleoductos nacionales a lo largo del conflicto armado, muchos ríos y fuentes de agua han quedado contaminados, mientras la vegetación circundante queda prácticamente destruida. A esta contaminación con petróleo y sus derivados se suman las de mercurio, zinc, cianuro, cal y ácido nítrico debidas a las minerías legales e ilegales, en particular para la explotación del oro, y a las fumigaciones con químicos como el glifosato para intentar en vano erradicar los cultivos de coca.  Todas ellas desnaturalizan las aguas, las hacen impotables para los humanos y altamente tóxicas para los peces y la flora y fauna acuáticas. Y como todos los ríos van al mar, también sus aguas y ecosistemas se ven gravemente afectados.

Ya se indicó la utilización de diferentes especies animales en el conflicto colombiano. Pero además, en ocasiones los animales han sido considerados enemigos por parte de algunos de los actores armados – en especial los grupos paramilitares– y, por tanto, convertidos en víctimas, tal como ocurrió con todos los perros de la vereda de Juan Frío del municipio de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, o como pasó con las gallinas y los cerdos de otras regiones. La pérdida de estos animales implica también daños económicos y emocionales para la población y afectaciones a sus costumbres y su cultura. 

Los conflictos armados, de alcance nacional o internacional, rompen las relaciones de las personas y las comunidades con su entorno, forzándolas a dejar sus viviendas, sus tierras, su paisaje y su forma de vida y convirtiéndolas en desplazados errantes, parias, despojados y desposeídos. Los dos millones de antiguos habitantes de la Franja de Gaza, los miles de residentes del sur del Líbano y los ocho millones de desplazados internos de Colombia – despojados de otros tantos millones de hectáreas de sus tierras – ilustran dramática y dolorosamente esta situación y evidencian las consecuencias humanas, culturales y ecológicas de la guerra y demás violencias. Los costos económicos son también descomunales. Sólo la primera semana de la guerra en curso de Estados Undos e Israel contra Irán le costó a los Estados Unidos más de 11.000 millones de dólares. Y ¿cuánto vale la reconstrucción de Kiev, de Gaza o de Beirut? 

Los defensores y las defensoras de la naturaleza como víctimas de la violencia

Bajo el estigma de enemigos del desarrollo y el progreso y, peor aún, de subversivos o terroristas, los defensores y las defensoras de la naturaleza y sus organizaciones han sido señalados, perseguidos, hostigados y desplazados y, en el caso de las personas, en muchos casos asesinadas. La tierra y el agua siguen siendo los bienes objeto de las mayores disputas.

 En Chile, desde el retorno de la democracia, más de 24 miembros del pueblo mapuche –la mayoría jóvenes y adultos mayores– han sido asesinados por su compromiso con la defensa de su territorio y su lucha en contra del despojo y la usurpación por parte de terratenientes y empresarios rurales. Uno de los casos más recientes es la desaparición en la región de Los Ríos, en noviembre de 2.024, de la reconocida defensora ambiental Julia Chuñil, de 70 años. La lideresa había sido amenazada y, a pesar de las denuncias de Amnistía Internacional y de que su caso ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta hoy no aparece y persiste la misma impunidad que se ha dado en otros casos y que protege a quienes se han apropiado de las tierras.    

Colombia ostenta el vergonzoso título de ser el país más peligroso del mundo para los defensores de la naturaleza. De los 198 defensores asesinados en todo el mundo en 2023, según la organización Global Witness, 79 (40%) ocurrieron en Colombia. Al año siguiente, 48 líderes ambientalistas corrieron la misma suerte en el país. Y según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, en los primeros cinco años siguientes a la firma de los Acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, fueron asesinados  en el país 661 defensores ambientales, la mayoría de ellos indígenas y campesinos que defendían su territorio y su cultura de la expansión de actividades extractivistas como el petróleo, la minería, las agroindustrias y monocultivos legales e ilegales y la construcción de grandes obras de infraestructura y embalses para la generación de electricidad.  

Estas cifras son recientes, pero el problema no.   En 2001, por ejemplo, fue asesinado por los paramilitares al mando de Salvatore Mancuso (quien reconoció el crimen ante la Comisión de la Verdad, calificándolo como “un crimen de Estado”), el líder de la comunidad indígena embera Kimy Pernía Domicó por su oposición a la construcción de la represa de Urrá, en el departamento de Córdoba.  Durante la construcción de la represa de Hidrosogamoso (2.009-2014) siete líderes comunitarios fueron asesinados y las comunidades ribereñas estigmatizadas. 

Procesos similares de persecución y estigmatización han sufrido movimientos y organizaciones populares frente a la construcción de otros embalses, como el de Salvajina en el Cauca, Hidroituango en Antioquia y el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.  Y, como lo dijo un dirigente campesino a la Comisión de la Verdad de Colombia: “Cuando se mata a un líder campesino, no se mata solo a una persona, se mata a un pueblo”. Los asesinatos han sido cometidos por grupos paramilitares, integrantes de organizaciones guerrilleras como las FARC y sus disidencias post-acuerdos, el ELN y bandas criminales al servicio de narcotraficantes y de las empresas y empresarios mineros y agroindustriales, en ocasiones con la tolerancia o complicidad de la Fuerza Pública, lo que facilita aún más la impunidad que sigue predominando. 

Ante esta situación de violencia contra la naturaleza y sus defensores ¿es posible hacer algo mas que lamentarse y denunciar? 

Por descontado que no sólo es posible, sino que es urgente y necesario continuar o emprender diversas estrategias y acciones para tratar de impedir que continúe la violencia contra la naturaleza y frenar la estigmatización, persecución y asesinato de sus defensores. A continuación enuncio apenas algunas de tales tareas.

1. Primero la vida y el buen vivir. Posicionar la vida como el valor ético-político fundamental constituye a la vez el punto de quiebre frente a otras escalas valorativas, basadas hoy como ayer en la fuerza, el poder y la riqueza, y el punto de convergencia de diversas concepciones, tanto ancestrales como recientes, orientadas al cuidado de la vida en todas sus formas, al equilibrio entre la vida humana y la vida del resto de la naturaleza, al buen vivir, y a la convivencia. 

El buen vivir – sumak-kawsay en quechua- de la cosmovisión de algunos pueblos originarios andinos, promueve la vida en armonía consigo mismo, con la naturaleza y con la comunidad para lograr el bienestar completo, poniendo en práctica valores como la sostenibilidad, el respeto a la Madre Tierra (la Pachamama de la cultura Aymara, asentada en Bolivia, Perú y el norte de Chile), la identidad cultural y la solidaridad. 

El pueblo Mapuche se ha destacado también por desarrollar y mantener su cosmovisión basada en el equilibrio con la naturaleza. Como lo resumió un grupo de investigadores de la Universidad de La Frontera en carta al editor de la revista Salud Pública de México, el kume mogen – buen vivir- parte del respeto a la naturaleza y el esfuerzo por no quebrantar su equilibrio. Para los mapuches la salud es un estado de relación armónica y horizontal hombre-naturaleza, que supone la obtención de lo justo mediante el cuidado – no la explotación – de la naturaleza. 

También el pueblo Nasa, en el sur de Colombia, mantiene y actualiza esta cosmovisión, como claramente lo ha expresado su lideresa y actual candidata a la vicepresidencia de la República, Aída Quilcué, quien en la defensa de su territorio (tierra y cultura), contrasta estas concepciones y prácticas con las de la explotación de la naturaleza, el extractivismo, el despojo violento y el  enriquecimiento desmedido que defienden otros sectores económico-políticos.  

El reconocimiento de la naturaleza como ser vivo, sujeto de derechos y en relación horizontal con los seres humanos, ha significado la superación del antropocentrismo y ha abierto el camino para el planteamiento del biocentrismo, el ecocentrismo, la ética de la tierra y la formulación de los derechos bioculturales que les reconocen a las comunidades el poder de administrar sus territorios y gestionar los recursos naturales de su hábitat.

Ahora bien, en la defensa de la vida y el buen vivir hay que tener cuidado en no idealizar ni mitificar los pueblos originarios o la naturaleza. Algunos pueblos originarios han tenido conductas imperialistas y guerreristas frente a otros, o han sido – y siguen siendo- clasistas, homofóbicos y machistas. Y la naturaleza también es cruel, como lo evidenciamos con los terremotos, los tsunamis, los huracanes, las tormentas eléctricas y algunos animales y plantas venenosas. Tampoco los distintos ecosistemas que la integran son totalmente armoniosos. La naturaleza no es intocable o inmodificable y, por tanto, no toda intervención humana sobre ella es nociva o depredadora. Podemos contribuir a su armonía, a recuperar sus desequilibrios, a hacer un uso mutuamente favorable de sus recursos. En términos habermasianos – pero superando su marcado antropocentrismo – podemos afirmar que los ecosistemas son en sí mismos espacios de comunicación y, por tanto, es posible que los humanos “aprendamos a escuchar y traducir las voces no humanas, construir cierta ética discursiva multiespecies”, como propone la bióloga e investigadora en biodiversidad colombiana Brigitte Baptiste.   

2. Tomar el toro por los cuernos e ir a las raíces del problema. El fondo de la violencia contra la naturaleza y sus defensores se encuentra en las tensiones y las luchas por la propiedad y el uso de los ecosistemas, en particular la tierra y su subsuelo. Si no se resuelven de raíz esos problemas, la violencia seguirá, con formas, ritmos e intensidades diferentes. Y si bien hay particularidades nacionales que es preciso tener en cuenta tanto al momento del análisis como al de la acción, hay también procesos y elementos comunes a nivel regional y aun global. En el caso colombiano, la Comisión de la Verdad logró esbozar algunas recomendaciones al respecto, que considero válidas para los países de la región. Entre ellas: que es preciso garantizar y reconocer a los campesinos y a los pueblos originarios su derecho a la tierra y al territorio, legalizando los títulos de propiedad, devolviéndoles las tierras expropiadas, despojadas y abandonadas forzosamente. Pero que no basta con legalizar la propiedad, sino que es necesario implementar estrategias de desarrollo y uso territorial sostenibles y participativas para la equidad, la justicia, la paz territorial y para garantizar la adecuada provisión de servicios en los entornos rurales. Esto implica reformas rurales integrales para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones del campo, la soberanía y seguridad alimentaria, la reparación efectiva a las víctimas de violencias, desplazamientos y despojo, y la prevención y gestión de conflictos socioambientales.  

3. Lucha sin tregua contra la impunidad.  La impunidad no es algo ocasional en los casos de violencia contra la naturaleza y del asesinato de sus defensores. Es una constante. Hace parte del entramado que hace posible la persistencia del problema. Empieza en las legislaciones proclives a la defensa del statu quo y los dueños del poder, y mudas o tímidas frente al cuidado ambiental o la protección de los pueblos originarios, los campesinos y los líderes populares. Continúa con la cooptación de los agentes de la justicia y el orden público por parte de los dueños del poder económico y político en los niveles regionales y locales. Y se concreta en el desinterés por escuchar las denuncias, investigar los hechos, detener a los responsables materiales e identificar y procesar a los   autores intelectuales. La impunidad no es sólo entonces una cuestión del orden judicial y penal. Es algo cultural, incrustado en los valores, las creencias, las costumbres y las prácticas cotidianas.

La lucha contra la impunidad no se reduce, por tanto, a la acción legal, a lograr que se investigue, se detenga y se condene a los responsables. Todo eso es necesario, y es una vergüenza que las cifras indicativas sigan siendo tan bajas. El trabajo requiere también: i) el replanteamiento valorativo que erradique el clasismo, el racismo y la homofobia; ii) la actualización de los ordenamientos legales, desde los contenidos constitucionales hasta las normativas y reglamentaciones operativas; iii) romper las barreras del miedo y el silencio con la fuerza de la dignidad humana de cada persona, la conciencia colectiva y la organización comunitaria; y iv) dado el carácter internacional y global del problema, fortalecer las redes de cooperación, comunicación  y acción internacionales, que suman fuerzas, multiplican la audiencia y amplifican los logros.

4. Fortalecer los mecanismos de organización y participación. El surgimiento y la consolidación de organizaciones defensoras de la naturaleza en general y de los distintos ecosistemas constituye uno de los logros más significativos en la lucha ambiental y un sólido motivo de esperanza. Desde las organizaciones centenarias de los pueblos ancestrales y las primeras organizaciones campesinas, pasando por los movimientos ambientalistas a nivel internacional, hasta las organizaciones específicas por la defensa de un río en un país, una reserva campesina en otro, en contra de la minería contaminante o la deforestación arrasadora en toda la amazonia, son ejemplos de los procesos organizativos y participativos que han mantenido viva la lucha ambiental.

La persistencia y las nuevas complejidades de los problemas ambientales y de las violencias contra la naturaleza y sus defensores demandan el fortalecimiento de las organizaciones ya existentes, la actualización de sus mecanismos y formas de acción, y la superación de los errores o dificultades acumuladas. Pero, además, es cada día más urgente la articulación y, en lo posible, la coordinación entre las distintas organizaciones en los niveles nacionales e internacional. La concentración del poder en el escenario global y la configuración de grandes conglomerados económicos transnacionales en campos como la minería y la agroindustria, requieren una respuesta igualmente articulada, fuerte y -ojalá – transnacional

5. Implementar eficazmente el Acuerdo de Escazú. En 2018 se logró el Acuerdo regional sobre el acceso a la información sobre situación, programas y proyectos de impacto sobre la naturaleza, la participación ciudadana en las cuestiones y políticas ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe. Es el primer tratado ambiental de la región que incluye disposiciones explícitas para la protección de los defensores de la naturaleza. Pese a la fuerte oposición justamente de sectores terratenientes y empresarios vinculados a la minería y la agroindustria, en Colombia se logró su ratificación en 2.022 mediante la Ley 2273, avalada por la Corte Constitucional en agosto de 2.024. A pesar de su vigencia legal, la aplicación del acuerdo sigue contando con fuerte oposición entre los sectores ya señalados en el país, e inclusive hace parte del debate político en la actual campaña presidencial y dos de los tres candidatos con opciones reales amenazan con quitarle vigencia.

Chile, a pesar de haber sido uno de los países que impulsó el Acuerdo, finalmente no lo respaldó en 2018. Ya en el gobierno de Gabriel Boric se logró su aprobación y entró en vigencia en 2.022, en la emblemática fecha del 11 de septiembre. Pero durante su campaña presidencial el candidato José Antonio Kast fue un duro crítico del Acuerdo, considerándolo una amenaza para la soberanía y un freno al desarrollo. Y ya en la presidencia se ha empeñado en reducir las regulaciones ambientales, debilitando la protección de los ecosistemas y abriendo sin reservas las puertas a la minería trasnacional y la depredación ambiental.

Lograr la vigencia efectiva del Acuerdo de Escazú se convierte entonces en América Latina en un imperativo proambiental y en una tarea prioritaria para las personas, organizaciones e instituciones comprometidas con la vida, el buen vivir, la defensa de la tierra y el territorio y el lema de PAZ CON LA NATURALEZA, oportuna y visionariamente impulsada por la COP16 realizada en Cali, Colombia, en octubre de 2024. 

Y, ampliando el horizonte de la PAZ más allá de la naturaleza, me permito entonces terminar con el enunciado y la convocatoria que vengo haciendo persistentemente: nuestro horizonte como humanidad debe ser la vida en paz.