Contra viento y marea, en estos diez años la verdad se ha convertido en un bien común, en un valor cívico, y en la esperanza de no repetición para millones de personas que han sufrido con la guerra.
El Acuerdo de Paz de 2016 le abrió paso a la verdad. Verdades que durante décadas estuvieron fragmentadas, silenciadas, negadas o atrapadas en las explicaciones interesadas de quienes hicieron la guerra. Gracias al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Colombia ha podido conocer mejor las dimensiones de su tragedia, las responsabilidades de quienes participaron en ella, los intereses que la alimentaron y las condiciones que hicieron posible su prolongación durante más de seis décadas.
La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas han contribuido, desde sus distintos mandatos, a revelar una historia que el país tenía necesitaba conocer.
¿Qué verdades han emergido de este proceso de esclarecimiento?
En primer lugar, sabemos que la guerra colombiana no puede explicarse por la maldad de unos cuantos guerreros ni sólo por la confrontación entre ejércitos armados. Detrás de las armas existieron entramados de intereses económicos, políticos, criminales y territoriales; alianzas entre actores armados y sectores civiles, redes de financiación, disputas por la tierra y formas de ejercicio del poder. Como lo señaló la Comisión de la Verdad, las responsabilidades por la tragedia van mucho más allá de quienes empuñaron las armas. Comprender esos entramados es indispensable para entender por qué la guerra persistió y por qué sigue siendo necesario saber quiénes se beneficiaron de ella.
Segundo, reconocemos que todos los actores armados contribuyeron a degradar la guerra y convirtieron a la población civil en víctima de sus estrategias. Las guerrillas secuestraron, reclutaron niños y niñas, instalaron minas antipersona, atacaron poblaciones y sometieron comunidades. Los paramilitares desplegaron el terror mediante masacres, desapariciones, desplazamientos y despojo. Agentes del Estado participaron en graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Ninguno puede reclamar para sí una superioridad moral ni justificar sus crímenes invocando la causa que decían defender. En una competencia por el horror, las víctimas quedaron atrapadas entre quienes pretendían salvar al país, defender la revolución o garantizar la seguridad. La vida y la dignidad humana terminaron subordinadas a las razones de la guerra.
Violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al DIH y responsabilidades colectivas
Testimonios de excombatientes en los que reconocen su responsabilidad en la violación de los ddhh
La tercera verdad tiene que ver con la centralidad y persistencia de la doctrina del enemigo interno. La Comisión y la JEP han mostrado cómo esta concepción permitió convertir a opositores políticos, dirigentes de izquierda, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, estudiantes y movimientos sociales en sospechosos, enemigos o amenazas para el orden establecido.
La estigmatización no fue un simple discurso: se convirtió en un mecanismo de persecución, represión y exterminio físico, social y político. Como lo demostró recientemente la JEP, ese fue el eje central de la inteligencia militar. Bajo distintas denominaciones —comunistas, subversivos, narcotraficantes o terroristas— se extendió la sospecha sobre quienes reclamaban reformas, defendían derechos o proponían alternativas al poder dominante. Así se cerraron espacios para la oposición y se justificaron violencias que terminaron por debilitar la democracia. La guerra también se libró contra quienes intentaban hacer política por fuera de las armas.
Cuarta: hoy también sabemos más sobre la magnitud de la tragedia y la dimensión de sus víctimas. Descubrimos una Colombia profundamente herida. Más del 90 % de las víctimas del conflicto fueron civiles no combatientes. Pero la guerra no afectó a todos por igual. Sus impactos se concentraron de manera desproporcionada en la población campesina, los pueblos étnicos, las mujeres de sectores populares y las comunidades rurales y empobrecidas. Fueron precisamente quienes menos poder tenían para defenderse y quienes históricamente habían sido excluidos de las decisiones nacionales los que cargaron con el mayor peso de la violencia. La verdad también consiste en reconocer esa desigualdad del sufrimiento y las profundas heridas que dejó en territorios, familias y generaciones.
Una quinta verdad atraviesa nuestra historia política: Colombia ha intentado una y otra vez encontrar salidas negociadas a la guerra y abrir caminos para ampliar la democracia. Desde los procesos de paz de los años ochenta hasta la Constitución de 1991 y el Acuerdo de 2016, los esfuerzos de paz han estado vinculados a demandas de apertura política, participación y reconocimiento de sectores históricamente excluidos. Sin embargo, una y otra vez, esos intentos se han encontrado con resistencias, violencia y cierre de los espacios democráticos.
El exterminio de la Unión Patriótica es quizás la expresión más dramática de esa contradicción: un movimiento que nació de un proceso de paz y buscó hacer política por las urnas terminó siendo víctima de un genocidio político. La historia colombiana muestra así una paradoja dolorosa: mientras la sociedad ha buscado caminos para tramitar sus diferencias en democracia, la violencia ha operado como una fuerza de contención de esas transformaciones.
Unión Patriótica desde las cenizas
Este video el resultado del trabajo conjunto entre la Comisión de la Verda y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de la investigación de la Comisión y del caso 06 de la JEP denominado: “victimización de miembros de la UP”. Uno de los ejemplos más claros de uso de la inteligencia militar para perseguir a la oposición,
Finalmente, hemos aprendido que la verdad no es un tesoro que se descubre y se guarda, ni un punto de llegada. Es un camino. Un camino hacia la justicia, porque permite identificar responsabilidades, reconocer a las víctimas y combatir la impunidad. Un camino hacia la reparación y la reconciliación, porque no es posible reconstruir la convivencia sobre el silencio, la negación o las versiones acomodadas de la historia. Los procesos de reconocimiento de responsabilidades promovidos por la Comisión y las investigaciones de la JEP han mostrado que escuchar a las víctimas, asumir los daños causados y reconocer la propia responsabilidad son pasos indispensables para comenzar a cerrar las heridas. La verdad no garantiza por sí sola la reconciliación, pero sin ella no hay bases sólidas para construirla.
Estas son algunas de las verdades que han emergido después de la firma del Acuerdo de Paz. No son verdades de un gobierno ni de una corriente política. Son el resultado de años de investigación, de miles de testimonios, de archivos, de contrastación de información y, sobre todo, de la persistencia de las víctimas que nunca renunciaron a su derecho a saber y a ser reconocidas. Constituyen un patrimonio de la sociedad colombiana.
La dignificación
El proceso de escucha abre el camino hacia una vida más digna para las personas que participaron de estos espacios, pues trae consigo el reconocimiento de la voz de las víctimas, la presencia de la institucionalidad y promueve la esperanza en que es posible superar el conflicto.
Por eso, la discusión sobre el Acuerdo de Paz no puede reducirse a un balance de cifras de desmovilización, reincorporación o cumplimiento de compromisos. Tampoco puede ignorar lo que el país ha logrado conocer gracias a los mecanismos de esclarecimiento que surgieron de él.
La verdad ha emergido, pero no está a salvo. Sigue enfrentando la negación, los silencios y los intentos de devolver al olvido aquello que tanto costó esclarecer. Defender el legado del Acuerdo de Paz es también defender el derecho de Colombia a conocer su historia, a reconocer sus responsabilidades y a no repetirla. Porque negar la verdad es, en últimas, prolongar la guerra por otros medios.
