Colombia termina el gobierno Petro con grupos armados fortalecidos, territorios en disputa y ningún acuerdo de paz firmado. La Paz Total no cumplió con sus objetivos. No obstante, renunciar al diálogo sería aún más costoso para las comunidades.
los ciclos de violencia solo se rompen insistiendo en negociaciones con todos los grupos que participan en el conflicto armado.
La última semana de mayo se vivió una batalla campal en el Guaviare entre facciones disidentes de las FARC, una comandada por Mordisco y otra por Calarcá. El saldo aterrador supera los 50 muertos, y revela de nuevo, el masivo reclutamiento de niños y jóvenes de las comunidades indígenas.
Este hecho no es aislado. Colombia llega al final del gobierno Petro con una política de Paz Total fracasada, y varias disputas en los territorios que parecen no tener fin. El próximo gobierno recibe mesas instaladas, con pocos avances, sin ningún desarme, y con un incremento en el número de combatientes, municipios afectados, y acciones tanto militares como terroristas.
Aunque el pesimismo reina en esta materia, no hay que olvidar el mensaje de la Comisión de la Verdad: los ciclos de violencia solo se rompen insistiendo en negociaciones con todos los grupos que participan en el conflicto armado. La Comisión también recoge lecciones sobre la necesidad de hacerlo con método, poniendo a las víctimas y la población civil en el centro, y sin detrimento de la gobernanza democrática.
La foto actual es compleja. Las negociaciones con el ELN están congeladas hace meses. Las conversaciones con el Estado Mayor Central, EMC, terminaron fragmentadas entre grupos que quieren caminar hacia la paz y los que no lo harán, como la facción de Mordisco. Con la Segunda Marquetalia el proceso también se fragmentó. Con el Clan del Golfo, aunque se ha avanzado hacia una concentración temporal, no existe un marco jurídico para finiquitar un acuerdo. Algo similar ocurre con los distintos grupos urbanos y estructuras más pequeñas y localizadas.
Seguridad y paz son políticas complementarias que deben contribuir cada vez más a la legitimidad de las instituciones y a una transición hacia la convivencia pacífica.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a diciembre de 2025 los grupos armados sumaban más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5% frente al año anterior. La FIP considera que la Paz Total facilitó el aumento del poder de los grupos ilegales porque no condicionó las mesas de diálogo a frenar su avance, y no se le dio un lugar a la política de seguridad.
En ese mismo sentido un reciente informe de la Fundación Core ha evidenciado que ese fortalecimiento de los grupos armados viene desde el 2018 y que es multidimensional. Se han expandido, han recibido más dinero de economías ilegales, han aumentado su influencia y sofisticado sus discursos. Destaca también la gran fragmentación que dificulta cualquier diálogo o salida negociada.
“Mejor un acuerdo imperfecto a que no hubiese acuerdo”
Aquí la Comisión de la Verdad documenta cómo el Acuerdo Final de 2016 con las FARC-EP representó una declinación de la confrontación armada y un cambio histórico en las narrativas del conflicto.
Imagen: Héctor Fabio Zamora.
A pesar de ese panorama, sería más grave aún abandonar el diálogo como una posibilidad para encontrar la paz territorial. La Comisión pudo constatar que las políticas de seguridad se quedan cortas para afrontar problemas como el de las economías criminales, que están sustentadas en una debilidad estructural del Estado y una ausencia total de economías lícitas que realmente sean productivas y sostenibles. Pero una política de paz tampoco soluciona la problemática del control territorial por parte de grupos armados. Seguridad y paz son políticas complementarias que deben contribuir cada vez más a la legitimidad de las instituciones y a una transición hacia la convivencia pacífica.
La Comisión de la Verdad también corroboró que los procesos de paz disminuyen la violencia de manera más eficaz que las soluciones militaristas. El proceso con las FARC-EP permitió una disminución del 78 % de las víctimas y una reducción del 90 % en los ingresos de militares heridos al Hospital Militar en sus primeros años. Negociar con los actores armados es el camino menos costoso humanitariamente y el que las comunidades que sufren la guerra reclaman.
Imagen: Omar Nieto Remolina
La Comisión también fue enfática en que los diálogos no son un premio para los armados, sino una herramienta para las víctimas. Cuando hay negociación, aumentan las posibilidades de acuerdos humanitarios, de liberación de secuestrados y de protección de zonas civiles.
Los procesos que continúen deben tener protocolos verificables que vinculen el avance de la negociación a compromisos concretos de protección humanitaria. No puede haber mesa de diálogo mientras el mismo grupo sigue reclutando menores en las veredas de al lado. No puede haber cese al fuego que no incluya mecanismos claros de monitoreo. Y donde aún no existe posibilidad de diálogo, el Estado tiene la obligación de seguir buscándola, sin renunciar a su deber de proteger a los civiles mientras tanto.
¿Por qué sigue pasando?
Lee este análisis de la Comisión de la Verdad que surgió de la profundización de cada una de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH. Este identifica unas lógicas, motivaciones o finalidades comunes de la actuación criminal de los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y la fuerza pública, y esclarece por qué y para qué se cometieron tales violaciones e infracciones.
En línea con lo que planteó la Comisión, el próximo gobierno no puede comenzar desde cero ni puede repetir los mismos errores bajo otro nombre. Esto implica avanzar en la implementación integral del Acuerdo de 2016, que sigue siendo la base más sólida para la paz, y continuar los caminos con quienes ya están abiertos, buscando activamente posibilidades con aquellos grupos donde aún no hay una ventana de oportunidad.
Mantener las ventajas del diálogo abierto es, antes que una apuesta política, una deuda con las comunidades que llevan décadas pagando el precio de esta guerra. Colombia ya sabe lo que cuesta cerrar esas puertas.