Las universidades públicas son bienes públicos cruciales para construir un país con ciencia, pensamiento crítico, pluralista y democrático. El reto es erradicar la violencia física y simbólica de sus campus.
El pasado 13 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo para que la Policía pueda intervenir en las universidades ante situaciones que el Gobierno considere de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. En esa alocución dijo: “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.
La declaración generó desconcierto en las universidades públicas, y aunque el gobierno ha precisado que la protesta pacífica seguirá siendo respetada, la experiencia del pasado es compleja en cuanto a la relación con la fuerza pública. Durante más de cuatro décadas, la incursión de policía y ejército en los campus universitarios terminaron en violentos enfrentamientos.
Sin embargo, más allá de si la fuerza pública puede o no ingresar a las universidades, el problema de fondo es como preservar de las violencias estos espacios que son para el pensamiento, la investigación, la creación, y la cultura de paz.
Caso Universidades
Los archivos de muchas personas que han transitado las universidades en Colombia son colecciones llenas de fotografías, recortes de periódicos, panfletos, invitaciones a eventos, cartas, poemas o viejos carnés universitarios. Si pensáramos en un álbum general que los aglutinara y por medio de este pudiéramos conocer la historia de las universidades, sin duda sería un conjunto de imágenes muy variado.
En su informe final, la Comisión de la Verdad estableció que las universidades no fueron ajenas al conflicto armado. Todos los actores armados hicieron presencia en ellas. Las insurgencias tomaron los campus como lugares de propaganda, o de entrenamiento; instrumentalizaron protestas y organizaciones a su interior. Los paramilitares hicieron una toma violenta de muchas de ellas, asesinando a quienes consideraban de izquierda y tomaron control político y administrativo de algunas de las más emblemáticas. Los agentes estatales y especialmente la inteligencia, las tenía como teatros de operaciones, constriñendo las libertades de pensamiento y expresión.
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Asesinatos de estudiantes y la oposición al pensamiento crítico.
Las cifras permiten dimensionar la tragedia que se vivió en los claustros: 588 estudiantes universitarios fueron asesinados entre 1962 y 2011 en Colombia, el 37% por agentes estatales. La tortura también fue una práctica frecuente con 194 víctimas entre 1977 y 1994. Miles de profesores y estudiantes tuvieron que desplazarse o irse al exilio; y los trabajadores sindicalizados tampoco escaparon a diversas formas de persecución.
Estas múltiples violencias incidieron en un paulatino debilitamiento de los movimientos. La Comisión relaciona este debilitamiento de la movilización con la detención, tortura, asesinato y desaparición de líderes y activistas.
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Un eje central de este resultado ha sido la estigmatización. Desde el Estado, los medios de comunicación y otros estamentos se alimentó un relato que identificaba al conjunto del movimiento estudiantil con la guerrilla, y toda protesta o manifestación de pensamiento crítico como subversivo. Esa estigmatización tuvo consecuencias concretas: militarización de campus y violaciones de los derechos humanos, al tiempo que mayor radicalización de algunos sectores de estos centros educativos. Esto redundó en el debilitamiento de la presencia de las universidades en la vida social.
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El anuncio de De la Espriella pone de nuevo de presente estas imágenes estereotipadas y reduccionistas de las universidades públicas y podría poner en riesgo también la autonomía universitaria, que es una garantía constitucional. El artículo 69 protege la capacidad de las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. La jurisprudencia ha señalado que esa autonomía busca precisamente preservar la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, así como el pluralismo. Dicha autonomía no riñe ni con la Constitución ni con la ley.
Conflicto armado y universidades: un escenario de impactos y resistencias.
La Comisión de la Verdad escuchó al sector universitario de Bogotá, para aportar al esclarecimiento y reconocer las luchas de estudiantes, docentes y trabajadores que han sufrido diferentes violencias en el marco del conflicto armado.
Sacar la violencia y el militarismo de la educación debería ser parte de un acuerdo nacional. Las universidades públicas no pueden ser territorios de guerra, pero tampoco pueden ser territorios de excepción para la fuerza pública cuando se cometen delitos dentro de ella. Son bienes públicos para la cultura, el conocimiento, la democracia y la paz. Se debe diferenciar con absoluta precisión protesta, delito y actividad académica. Establecer protocolos claros, públicos y concertados. Todo ello con el objetivo de preservar los campus como espacios de diálogo; donde la memoria sea una garantía de no repetición y el miedo no se convierta en el principal condicionante de la vida universitaria: Que un estudiante piense dos veces antes de protestar; que un profesor tema investigar un asunto incómodo; que una universidad prefiera callar para evitar problemas. Una universidad que tiene miedo deja de cumplir una parte esencial de su función pública: pensar, debatir, crear.
La Comisión dejó claro el punto de partida de esta conversación: La universidad debe seguir siendo, ante todo, el lugar donde una sociedad aprende a pensar sus conflictos sin matarse por ellos. Debe ser el primer lugar donde florezca la cultura de paz.
Voces vivas: universidades
La comunidad universitaria ha sido víctima del conflicto armado interno, pero ha propuesto resistencias y formas de construcción de paz.