El enfoque de género quedó establecido como un principio transversal del Acuerdo, con medidas específicas en sus seis puntos. La creación de la Subcomisión de Género durante las negociaciones de La Habana, en 2014, fue decisiva para que las voces de las organizaciones de mujeres, feministas y de la población LGBTI llegaran a la mesa. El resultado fue un acuerdo que reconoció que la igualdad no podía esperar al final de la guerra y que la paz tampoco podía construirse reproduciendo las exclusiones que habían marcado la historia del país.
El Acuerdo fue explícito: la implementación debía reconocer los impactos desproporcionados del conflicto sobre las mujeres, garantizar su participación y adoptar medidas afirmativas para hacer efectivos sus derechos. También estableció que ninguna de sus disposiciones podía interpretarse como una restricción de los derechos de las personas por su orientación sexual o pertenencia a la población LGBTI. Y, de manera especialmente significativa, dispuso que la Comisión de la Verdad debía incorporar un enfoque diferencial y de género para esclarecer cómo la guerra había reproducido mecanismos históricos de discriminación y estereotipos. La verdad también debía construirse desde esas experiencias.
El volumen Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado no fue simplemente un capítulo adicional del Informe Final. Fue una manera distinta de contar la guerra y de interrogar sus estructuras de poder.
Mi cuerpo es la verdad. Mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado
Mira este capítulo de «Anímate a la verdad» si quieres conocer los principales hallazgos del Volumen Mi Cuerpo el la Verdad,
La Comisión escuchó a 10.864 mujeres. Sus testimonios permitieron comprender que la violencia contra ellas fue más allá de la sexual. La guerra afectó sus cuerpos, sus relaciones familiares, sus posibilidades económicas, su autonomía, sus liderazgos, sus vínculos comunitarios y su relación con la tierra. El desplazamiento, el despojo, las amenazas, las violencias reproductivas y la persecución de las mujeres que ejercían liderazgos sociales y políticos hicieron parte de un entramado de dominación que buscaba controlar no solamente sus vidas, sino también las comunidades y los territorios.
Uno de los hallazgos más importantes de la Comisión fue establecer la relación entre la guerra y el patriarcado. La confrontación armada no inventó la subordinación de las mujeres, pero la exacerbó, la instrumentalizó y la convirtió en una forma de ejercer poder. Las violencias que ocurrían en la vida cotidiana se agravaron en la guerra y se entrecruzaron con el racismo, la exclusión y las desigualdades históricas.
Por eso, para comprender lo que les pasó a las mujeres no bastaba con identificar a los perpetradores de determinados delitos; era necesario reconocer las estructuras sociales y culturales que hicieron posibles esas violencias y que, en muchos casos, permitieron naturalizarlas.
Ser una niña en la guerrilla
Las niñas y adolescentes reclutadas fueron víctimas de acoso, violación, aborto y anticoncepción forzados, entre otras formas de violencia sexual, durante su permanencia en las filas. Estos hechos traumáticos, que evocan con dolor, les dejaron impactos físicos, psicológicos y reproductivos para el resto de su vida. Fue el caso de Milena, reclutada a los 13 años, en Santa Rosa, Cauca.
La verdad que emergió de las experiencias de las personas LGBTIQ+ fue igualmente reveladora. La Comisión dialogó directamente con 408 personas de esta población. Encontró que su persecución no fue producto de hechos aislados ni de excesos individuales. Los actores armados las persiguieron por sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género no normativas.
Amenazas, desplazamientos, violencia sexual, homicidios y desapariciones fueron utilizados para imponer órdenes morales y sociales basados en la heterosexualidad obligatoria. La guerra también se libró contra quienes desafiaban esos órdenes, contra quienes encarnaban otras formas de vivir, amar y relacionarse.
La Comisión identificó, además, que esas persecuciones encontraron respaldo o tolerancia en prejuicios profundamente arraigados en la sociedad. En ocasiones, violentar a las personas LGBTI permitía a los grupos armados ganar legitimidad ante comunidades que compartían esos prejuicios. La responsabilidad, por tanto, no podía examinarse exclusivamente desde las organizaciones armadas. Había que interrogar también a una sociedad que durante mucho tiempo discriminó, silenció y desprotegió a estas personas.
La Poderosa
Esmith Rivera, más conocido como la Poderosa, vive en Apartadó. Por años fue desplazado por ser gay y soportó múltiples violencias a causa de su orientación sexual en el marco del conflicto armado.
Con el poder del bullerengue, nos muestra cómo componer un canto a la vida.
Pero Mi cuerpo es la verdad no es solamente un relato de victimizaciones. Es también una historia de resistencias. Las mujeres que buscaron a sus hijos, reconstruyeron sus comunidades, defendieron sus territorios, se organizaron y se opusieron a la guerra. Las personas LGBTIQ+ que desafiaron los órdenes impuestos, construyeron redes de solidaridad, hicieron arte, defendieron sus derechos y encontraron maneras de existir incluso en los escenarios más adversos. La Comisión reconoció en unas y otras no solamente a sobrevivientes, sino a protagonistas de la construcción de paz.
¿Por qué es importante volver sobre esta verdad diez años después del Acuerdo?
Porque ya no podemos contar la guerra ni ver la sociedad de la misma manera. No podemos reducirla a una confrontación entre hombres armados, a una disputa por el poder o a una sucesión de hechos violentos. Tampoco podemos seguir hablando de las mujeres y de las personas LGBTI exclusivamente desde el lugar del sufrimiento. Hoy contamos con una comprensión mucho más profunda de las relaciones entre violencia, patriarcado, racismo, discriminación y control territorial. Y sabemos que la paz exige transformar esas relaciones.
Viviana La mujer llanura
Viviana creció en La Julia, Meta, donde fue testigo de las dinámicas de reclutamiento infantil y hostigamiento a la comunidad por parte de los grupos armados. Sus experiencias la llevaron a trabajar en la defensa de la vida y los derechos de las mujeres.
Diez años después del Acuerdo, la persistencia de estas violencias recuerda que el reconocimiento de derechos no equivale a su garantía. Los registros de Caribe Afirmativo contabilizan cerca de 943 personas LGBTIQ+ asesinadas entre 2021 y 2025. A esta cifra se suman los 31 asesinatos reportados durante 2026, con corte al 19 de agosto, según información de la Fiscalía recogida por la Defensoría del Pueblo; 17 de las víctimas eran mujeres trans. Por su parte, los registros de ODEVIDA e Indepaz dan cuenta de alrededor de 116 mujeres lideresas asesinadas entre 2021 y 2025.
La Defensoría del Pueblo registró, además, el asesinato de 27 mujeres entre líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos durante los primeros nueve meses de 2026. Detrás de estas cifras hay personas que defendían sus comunidades, reclamaban derechos, desafiaban órdenes discriminatorios o reivindicaban la posibilidad de vivir libremente sus identidades. Quiere decir que el fin de la confrontación entre el Estado y las FARC-EP no puso fin a las violencias ejercidas sobre los cuerpos, las identidades y la autonomía.
A esta persistencia de las violencias se suma una disputa política y cultural sobre el reconocimiento y la garantía de los derechos conquistados. La decisión del Gobierno de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas tras la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, y los cuestionamientos del presidente y de su ministra de Educación al enfoque de género y a la educación sexual integral son señales de preocupación. A ello se agregan decisiones como la exclusión de la palabra «niñas» del lenguaje institucional del ICBF, que no es un asunto menor cuando se trata de reconocer sus experiencias y necesidades. Estamos pues ante una controversia sobre el lugar que deben ocupar la igualdad, la diversidad y la no discriminación en la sociedad colombiana.
Sabemos que reconocer a las mujeres y población LGTMBIQ+ es insuficiente. Pero es un avance que no deberíamos desestimar. Diez años después, esa es quizás una de las transformaciones más importantes que nos dejó el Acuerdo de Paz: Colombia tiene otra mirada sobre su historia: de ella hacen parte las mujeres y la población LGTBIQ+. Diez años después, sigue siendo una conquista que vale la pena defender.
Lavar el dolor
Las Lavanderas es un colectivo de mujeres afro de Turbo, Antioquia, en su mayoría víctimas de violencias sexuales por cuenta del conflicto armado. Gracias a su ancestralidad, y por medio del lavado, sanan los impactos a sus cuerpos, sus familias, su comunidad y su territorio.