La decisión del Gobierno nacional de avanzar en el acceso a los archivos desclasificados del antiguo DAS representa una oportunidad histórica para fortalecer el derecho a la verdad en Colombia. Aunque puede parecer una medida administrativa, en realidad plantea una pregunta de fondo: ¿quién tiene derecho a conocer el pasado?
Los procesos de justicia transicional demuestran que la verdad no se construye únicamente con los testimonios de víctimas y responsables. También requiere documentos, informes, expedientes y registros que permitan reconstruir cómo operaron las estructuras de violencia, quiénes tomaron las decisiones y cuáles fueron las responsabilidades de los distintos actores. Es este el sentido del esclarecimiento.
La Comisión de la verdad recibió cientos de informes de organizaciones sociales y derechos humanos que hacen parte del Esclarecimiento de la Verdad: En este video se explica cómo todo esto hizo parte de la labor de esclarecimiento.
La importancia de los archivos ha quedado demostrada en algunos de los episodios más emblemáticos de la historia reciente. En 1971, la divulgación de los Pentagon Papers, filtrados por Daniel Ellsberg, reveló que sucesivos gobiernos de Estados Unidos habían ocultado información sobre la guerra de Vietnam. La decisión de la Corte Suprema de permitir su publicación marcó un hito mundial al reconocer que el derecho de la sociedad a conocer información de evidente interés público podía prevalecer sobre las pretensiones de secreto del Estado.
Las guerras terminan cuando cesan las armas, pero continúan en la memoria.
Los procesos de transición también ofrecen importantes lecciones. En Argentina y Chile, la preservación de archivos estatales y de organizaciones de derechos humanos ha permitido reconstruir el funcionamiento de los aparatos represivos y fortalecer los procesos judiciales contra los responsables de graves violaciones de derechos humanos. En Alemania, la apertura de los archivos de la Stasi se convirtió en un símbolo de transparencia y de reconstrucción democrática. Irlanda, por el contrario, recuerda que el acceso a los archivos nunca está definitivamente garantizado: décadas después del Acuerdo de Viernes Santo persisten restricciones y controversias sobre la documentación relacionada con el conflicto, demostrando que la verdad sigue siendo un terreno de disputa política incluso después de alcanzada la paz.
Colombia conoce bien el valor de estos archivos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad consultó miles de documentos provenientes de entidades estatales, organizaciones de derechos humanos y fondos documentales internacionales. Entre ellos ocuparon un lugar destacado los documentos desclasificados sobre Colombia conservados por el National Security Archive de la Universidad George Washington, obtenidos mediante la legislación estadounidense de acceso a la información pública. Estos archivos permitieron contrastar testimonios, comprender decisiones de política de seguridad y cooperación internacional, reconstruir contextos y fortalecer el esclarecimiento de responsabilidades. Sin ese acceso a información previamente reservada, varias de las conclusiones del Informe Final no habrían sido posibles.
Documentos desclasificados de National Security Archive (NSA)
La comisión de la verdad consulto mas de 150.000 documentos desclasificados de agencias de inteligencia, defensa y diplomacia estadounidenses. Este anexo los agrupa en narcotráfico, Paramilitarismo y Plan Colombia
Precisamente por esa experiencia, la Comisión recomendó construir una política pública de memoria que garantice la preservación, protección y acceso a los archivos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Desafortunadamente, en el periodo legislativo que terminó, no se avanzó en este sentido.
De otro lado, tomó medidas para proteger su propio legado y garantizar que los testimonios recibidos fueran protegidos y a la vez, toda la información recibida fuera de dominio público: realizó una copia de seguridad internacional en Suiza y estableció un acuerdo tripartito de custodia con el Archivo General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz; y consignó en la transmedia toda lo producido y recibido durante su labor para que este Legado fuera de acceso público.
La Comisión de la Verdad consolidó el más vasto archivo de derechos humanos existente en el país a partir de los testimonios, informes, casos y bases de datos que recopiló. ¿Quieres saber qué medidas tomó la Comisión de la Verdad para proteger y garantizar el acceso a su archivo documental?
La buena noticia de lo que significa el acceso de los archivos del DAS para continuar con la labor de esclarecimiento, contrasta con algunos anuncios del nuevo gobierno orientados a revisar instituciones y políticas asociadas con la implementación del Acuerdo de Paz y al Sistema Integral de Justicia y Paz, muestran que los archivos también pueden convertirse en un escenario de disputa política. El riesgo no consiste únicamente en destruir documentos. También puede expresarse en restringir el acceso, debilitar las instituciones encargadas de preservarlos o restar importancia a las políticas de memoria.
la verdad sigue siendo un terreno de disputa política incluso después de alcanzada la paz.
Las guerras terminan cuando cesan las armas, pero continúan en la memoria. Una parte decisiva de esa disputa ocurre en los archivos. Allí permanece la evidencia que permite establecer responsabilidades, desmontar el negacionismo y garantizar el derecho de las nuevas generaciones a conocer lo ocurrido.
Por ello, la protección de los archivos de derechos humanos debe convertirse en una política de Estado y ocupar un lugar central en la agenda pública. No es una demanda exclusiva de historiadores o archivistas; es un derecho de las víctimas y de la ciudadanía. Cada documento preservado fortalece la verdad, la justicia y la reparación. Cada documento perdido, ocultado o restringido amplía el espacio para el olvido y la impunidad.