La estigmatización de las personas LGBTQ+ se exacerban en esta campaña política. La Comisión de la Verdad advirtió sobre la conexión entre los discursos de odio contra la diversidad sexual y la violencia.
Los discursos homofóbicos y la estigmatización contra las personas LGBTQ+ se han esgrimido sin pudor en estas elecciones. Simpatizantes de las campañas en redes sociales han ridiculizado la identidad sexual de algunos de los candidatos, como en el caso de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia o la candidata presidencial Claudia López. Al igual que hace una década, cuando se disputaba el sí o el no al plebiscito por la paz, se ha hecho una amplia desinformación en torno al cuestionable concepto de ideología de género; y por lo menos en una de las campañas, la de la extrema derecha, se ha presentado a la familia tradicional como la única moralmente aceptable, lo cual demoniza la diversidad.
La Comisión de la Verdad documentó los riesgos y consecuencias de los prejuicios de género cuando se instalan en el lenguaje público y se legitiman por parte de líderes políticos.
El Informe Final dedicó un capítulo específico a las violencias contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Allí se documentó que, durante el conflicto armado, el uso de narrativas que calificaban a las personas LGBTIQ+ como “pecadoras”, “enfermas” o “criminales” sirvió para justificar su persecución y exclusión de la sociedad. Al disminuir la dignidad de estas personas se facilitó su “descarte” a través de la violencia.
Estos esquemas culturales, que asocian la diversidad con lo negativo, permearon a todos los actores armados, los cuales utilizaron el prejuicio como una herramienta para ganar legitimidad social ante comunidades que compartían estas visiones arraigadas culturalmente, pero excluyentes.
El costo humano de esta estigmatización ha sido incalculable. Para la población LGBTIQ+, el prejuicio no fue solo un insulto, sino el motor de un continuum de violencias que comenzó en el hogar y la escuela y se exacerbó con el conflicto armado. La Comisión documentó que los grupos armados seleccionaron a estas personas para cometer homicidios, torturas y violencias sexuales bajo la premisa de que sus vidas “importaban menos” o que nadie las buscaría.
En muchos casos, las agresiones tenían un fin “correccional” o de castigo, buscando erradicar el carácter no normativo de su sexualidad o género para imponer un orden moral autoritario en los territorios. Este ensañamiento se tradujo en secuestros, desplazamientos forzados y esclavitud, donde las víctimas eran obligadas a realizar labores domésticas o de inteligencia bajo la humillación constante de su identidad.
El hombre que no fue.
Rafael ‘Rosita’ Avilez, hombre trans, nació en Tierralta, sur de Córdoba. Fue víctima de desplazamiento y violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Ahora es activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y por las personas que viven en condición de VIH.
A pesar de este panorama de horror, la comunidad LGBTIQ+ ha logrado hitos históricos en el reconocimiento de su verdad y sus derechos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva. Un logro fundamental fue su participación activa en los diálogos de paz de La Habana, donde el movimiento logró, junto a los grupos feministas, que se incluyera un enfoque de género que tuviera en cuenta las afectaciones diferenciales de la guerra sobre la diversidad sexual.
Este avance se ha materializado también en estrategias de resistencia como las Casas de Paz, donde, a través del arte y la memoria, las personas LGBTIQ+ han transformado su dolor en una apuesta política por la convivencia y la defensa de la vida en sus territorios.
Sin embargo, la Comisión advirtió que los avances conquistados no están garantizados. La desprotección estatal y la impunidad histórica en los casos de violencia contra esta población crean un escenario donde la discriminación puede volver a convertirse en violencia letal, sobre todo cuando los discursos de odio encuentran eco en el lenguaje político.
Un ejemplo de esto es el discurso de la mal llamada “ideología de género”, que fue una herramienta de desinformación determinante durante la campaña del plebiscito por el Acuerdo de Paz en 2016, utilizada para manipular la opinión pública y oponerse a la garantía de derechos fundamentales. Figuras políticas, junto con sectores de iglesias cristianas y católicas, impulsaron narrativas que sugerían un supuesto “adoctrinamiento” de la niñez. Se afirmó falsamente que los acuerdos de paz permitirían una “colonización homosexual” y que estos conceptos entrarían al ordenamiento constitucional sin debate, lo que generó un miedo social que tuvo un peso decisivo en la votación por el “No”.
Escucha aquí ‘Resonancias del camino: Viaje sonoro’
Un viaje a través de las voces, los cantos, la música, el trinar de las aves y los sonidos de los territorios que se recogieron en el recorrido emprendido por la Comisión de la Verdad, para escuchar de manera plural a mujeres y personas LGBTIQ+ de toda Colombia.
Por eso la Comisión recomendó que el Estado adoptara políticas activas de no discriminación, que los medios y las instituciones educativas asumieran un rol en el desmantelamiento de estereotipos y que las organizaciones de la sociedad civil tuvieran participación real en el diseño de esas políticas.
Usar el prejuicio como plataforma electoral es una señal de alarma para el país y la Comisión dejó documentado a dónde lleva ese camino.