El anuncio del gobierno de que borrará la palabra campesino del lenguaje oficial no abre solo una discusión semántica sino ética y política.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dijo en el Congreso que los productores de alimentos “no se van a llamar campesinos” y que la nueva denominación “pequeños empresarios del campo” busca elevar su estatus. ¿Qué significa sustituir una palabra que nombra una condición social, cultural y territorial por otra que remite principalmente a una actividad económica?
Las mujeres nos ayudan a entender el sentido de “ser campesina” en este video de la Comisión de la Verdad.
“Nos están imponiendo una forma de vida y ya hasta el nombre nos cambiaron, nos dicen ‘empresarias del campo’. Pero para nosotras el campo no es un negocio, es nuestra identidad y forma de vida”.
La Comisión llegó a una conclusión contundente: el campesinado fue la principal víctima del conflicto armado. Las cifras ayudan a comprender la dimensión de esa afirmación: De los 10.606.125 hechos victimizantes registrados en el Registro Único de Víctimas y considerados por la Comisión, 4.827.550 afectaron a campesinos y campesinas: el 45,5 %. En el desplazamiento forzado, los campesinos representaron el 45,8 % de las víctimas registradas. Y fueron más del 45 % de las víctimas en ocho de los dieciséis hechos victimizantes analizados.
Pero el dato más importante quizá sea otro: la guerra produjo también el desconocimiento del campesinado como sujeto político, cultural y de derechos. La violencia no se limitó a expulsarlo de la tierra, asesinarlo, desaparecerlo, amenazarlo o despojarlo. También golpeó sus organizaciones, sus proyectos colectivos y su capacidad de participar en las decisiones sobre los territorios.
Tierra y democracia: la verdad campesina
La Comisión reconoció la dignidad de los campesinos y convocó a los responsables a reconocer el daño causado.
Por eso la palabra campesino está cargada de historia. Campesino no significa simplemente alguien que produce alimentos. Es una manera de relacionarse con la tierra y con el territorio; una forma de vida; una identidad; una experiencia comunitaria; una tradición de organización y de participación. En el campo colombiano esa palabra está ligada a las luchas por la tierra, a las juntas de acción comunal, a las organizaciones campesinas, a las zonas de reserva, a las economías familiares y a tantas formas de resistencia que hicieron posible permanecer allí donde la guerra pretendía expulsar a sus habitantes.
Vida y resistencia campesina en El Pato Balsillas
¿Qué implica regresar después del conflicto? Nadie mejor que los campesinos para acercarnos a esta realidad.
Eso no quiere decir que el campesinado no deba producir más, acceder a tecnología, crédito, mercados, infraestructura o transformación agroindustrial. Todo lo contrario. La propia Comisión plantea que el papel económico del campesinado debe transformarse y que el acceso a tierras y bienes públicos, el aumento sostenible de la producción de alimentos y la conservación ambiental deben orientar ese nuevo papel.
Pero una cosa es reconocer la dimensión productiva del campesinado y otra reducirlo a ella. Un campesino puede ser productor. Puede ser también pequeño empresario. Puede cultivar para el autoconsumo, trabajar con su familia, pertenecer a una cooperativa, ser jornalero, participar de una organización comunitaria o combinar distintas actividades para sobrevivir. La categoría económica no alcanza a nombrar toda esa diversidad.
Y hay algo muy importante que vale la pena poner sobre la mesa: El campesinado es, además de una categoría social, un sujeto de especial protección constitucional. La Constitución colombiana reconoce hoy sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental. Por eso el debate adquiere una importancia que va mucho más allá del lenguaje de una entidad pública. Lo que está en juego es saber si el país y este gobierno está dispuesto a avanzar en el restablecimiento de sus derechos y de su dignidad.
¿Qué es reconocerse como campesinos? Escuchemos su propia visión.
De las recomendaciones que hizo la Comisión, hay una que tiene especial relevancia: la Jurisdicción Agraria y Rural. Creada constitucionalmente en 2023 y estructurada mediante la Ley Estatutaria 2570 de 2026, busca que los conflictos sobre la tierra, la posesión, la tenencia y las relaciones agrarias tengan una justicia especializada y cercana al campo. Pero su puesta en marcha todavía requiere la ley que defina sus competencias y procedimientos. No es un asunto menor: para un campesino, poder acudir a un juez que entienda las particularidades de su relación con la tierra es también una forma de reconocimiento y de dignidad.
Después de décadas en las que la disputa por la tierra estuvo en el centro de la violencia, que exista una justicia agraria capaz de tramitar esos conflictos por las vías institucionales es parte de la promesa de no repetición. Reglamentar esta herramienta sería, por ejemplo, un mensaje concreto del legislativo a favor del reconocimiento de esta realidad.
La controversia actual debería llevarnos entonces a una pregunta más amplia: ¿qué necesita realmente el campesinado colombiano para elevar su condición? ¿Un cambio de nombre? ¿O tierra, derechos, participación, seguridad, crédito, vías, salud, educación, reconocimiento y posibilidades reales de construir un proyecto de vida en el campo?
El campesinado no necesita que le “eleven el estatus” cambiándole el nombre. Necesita que el Estado eleve las condiciones materiales y políticas de su existencia. Tiene que cambiar aquello que durante tanto tiempo hizo posible que ser campesino significara vivir con menos derechos.