Excombatientes: el derecho a una segunda oportunidad sobre esta tierra

Dejar las armas no es fácil. Los excombatientes saben que les espera un camino difícil para obtener seguridad, y garantías para recomenzar la vida con vivienda, tierra, trabajo y educación. Saben además que deben reconstruir los vínculos con la sociedad, reconocer los daños causados a las víctimas, todo ello en medio de una sociedad que los mira con desconfianza y a veces como enemigos.

Por eso no es menor que un grupo de 86 hombres y 13 mujeres de los Comandos de la Frontera, se hayan concentrado en la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo, desde junio pasado, con la esperanza de reintegrarse a la vida civil. Pero ese proceso, que se realizó con el gobierno anterior, está en el limbo con el actual gobierno de Abelardo de la Espriella.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad llamó la atención sobre la necesidad de que los procesos de paz y de sometimiento a la justicia sean oportunidades para la verdad, la justicia y la reconciliación; y no para la venganza y la discriminación.

Como parte de su trabajo, escuchó a excombatientes de todos los ejércitos: exguerrilleros, exparamilitares, miembros de la Fuerza Pública, soldados y policías. Se trataba de comprender la dimensión humana de una guerra que produjo víctimas, victimarios y, en muchos casos, personas que fueron al mismo tiempo ambas cosas.

La Comisión constató que quienes hicieron la guerra también hacen parte de la Colombia herida. En ellos hay dolores, traumas, pérdidas, orfandades, arrepentimientos, familias fracturadas, hijos e hijas marcados por la historia de sus padres. Reconocer esa humanidad no significa desconocer el daño causado. Significa entender que una sociedad que aspira a terminar una guerra necesita abrir caminos para que quienes participaron en ella puedan dejar de reproducirla.

Las víctimas de estos excombatientes tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Pero si queremos que la violencia no vuelva a repetirse, quienes abandonan las armas necesitan encontrar un espacio constructivo en la sociedad. Necesitan seguridad jurídica y política de parte del Estado. De lo contrario, se incentivan nuevos ciclos de violencia.

Esto es lo que la Comisión planteó en sus recomendaciones. De un lado, mantener abierto el diálogo y la solución política del conflicto armado con grupos que tengan carácter político. Por el otro, les pidió al Estado y al Congreso diseñar e implementar una estrategia integral de sometimiento —individual y colectivo— para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, acompañada de condiciones que garanticen los derechos de las víctimas.

Y llamó también a revisar las políticas de reintegración, garantizar la seguridad de quienes se acogen a ellas y atender de manera especial a niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos armados, entre otras. Por eso también es preocupante que se haya recortado el presupuesto de la Agencia de Reincorporación Nacional, ARN y que, en razón de esto, los cerca de 11.000 hombres y mujeres firmantes del acuerdo de paz, los cerca de 2000 desmovilizados de las AUC y 1000 comparecientes de la fuerza pública que han hecho parte de diversos programas para la reincorporación, hoy vivan en la incertidumbre sobre qué va a pasar con ellos y, lo más grave, se estén preguntando si valió la pena decir no a la guerra. 

Resulta paradójico que mientras las organizaciones armadas reclutan, controlan territorios y ofrecen a jóvenes una salida a través de la violencia, el Estado reduzca las capacidades institucionales destinadas a acompañar a quienes han decidido salir de ella.

Cada persona que deja las armas y logra permanecer en la legalidad es una pequeña victoria contra la guerra. Cada proyecto productivo que funciona, cada familia que consigue arraigo, cada niño que puede crecer sin repetir la historia de sus padres, cada excombatiente que logra convertirse en vecino, trabajador, líder comunitario o padre presente, son formas concretas de la no repetición.

Los hombres y las mujeres que empuñaron las armas, aunque tomaron las decisiones equivocadas, hacen parte de las comunidades y territorios. Crecieron en nuestras mismas ciudades, veredas y campos; fueron hijos, hermanos, padres y madres. Algunos llegaron a la guerra por convicción, otros por coerción, otros por falta de opciones. Muchos hicieron daño y deberán responder por ello. Pero tienen derecho a una segunda oportunidad, que no significa impunidad.

Significa la posibilidad de que la responsabilidad tenga como horizonte algo más que el castigo: que contribuya a romper los ciclos de violencia.  De igual modo, que el Estado cumpla con el deber constitucional de proteger a todos sus ciudadanos y de honrar su deber de buscar la paz aun cuando esta parezca esquiva.

Porque la paz también consiste en eso: en que un hombre o una mujer que alguna vez empuñó un arma pueda llegar un día a ser simplemente un ciudadano más. Sin olvidar lo que hizo. Sin negar a sus víctimas. Pero con la posibilidad real de no volver a hacerlo.