El agridulce balance de las curules de paz

La detención de la representante a la Cámara Karen Manrique, representante de las víctimas de Arauca mostró una cruda realidad política. Las curules de paz fueron un gran avance democrático, pero están inmersas en una gran paradoja. Si bien permiten que territorios de la ruralidad profunda tengan representación, y en particular las víctimas; no están exentas de funcionar bajo los defectos del mismo sistema de corrupción y clientelismo que los ha marginado durante décadas.

Se recomienda al Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los partidos y movimientos políticos (…) Garantizar la representatividad de la diversidad regional y, en particular, de la ruralidad sobre la base de una revisión y ajuste del sistema de representación en el Congreso de la República.

Capítulo de recomendaciones del Informe Final

Las circunscripciones transitorias especiales de paz fueron creadas en el acuerdo de paz de 2016 para 16 territorios cuya integración política era urgente. Se trata, aun hoy día, de lugares con fuerte presencia de grupos armados, notoria debilidad de las instituciones, pobreza y economías ilegales. En el acto legislativo que las reglamentó, se definió que solo podían postularse las víctimas directas del conflicto, reconocidas como tal. Luego de cuatro años, el balance es agridulce.

Desde 2022 resultaron notorias tres tendencias que se agudizaron en las recientes elecciones de marzo. Por un lado, la desventaja que tiene líderes sociales independientes para competir con las vigorosas maquinarias clientelares de estas regiones. Las mismas que en el pasado se alinearon para dominar el Congreso bajo la cobertura de la parapolítica, o incluso, en alianza con grupos guerrilleros. Maquinarias que en todo caso actuaron de mano de los violentos, como lo pudo establecer la Comisión de la Verdad en su caso sobre violencia política.

Segundo, la presencia explícita o clandestina de grupos armados que constriñen la libertad electoral de diversas maneras. Desde prohibir la circulación, hasta vetar o respaldar a candidatos. Según la MOE, los territorios en los que funcionan estas curules, fueron los de mayor riesgo electoral, entendido como amenazas, asesinatos, atentados, intimidación a candidatos. Algo que también nos remite al pasado en muchas regiones, incluso a la propia Arauca.

Tercero, que estas nuevas curules sean encarnadas por personas cuya cultura política se mantiene alineada con las prácticas corruptas y poco transparentes que dominan buena parte del ejercicio político, lo que afecta directamente los derechos de las víctimas. En el caso de Manrique, implicada en el caso de cohecho impropio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las víctimas de Arauca podrían quedar sin representación. Si resulta condenada, se aplicaría la figura de la silla vacía o dejar sin derecho al reemplazo a los congresistas que delinquen.

Esta es pues una oportunidad para volver a las recomendaciones de la Comisión en materia de régimen político.

Según la Comisión no solo se necesita una reforma institucional para evitar estos problemas, sino un gran Acuerdo Nacional para sacar la violencia de la política. Más aún, un pacto ético no solo de quienes se hacen elegir, sino de quienes eligen. Hacer valer el poder del voto como una herramienta de construcción de futuro y no como un enganche hacia el pasado.

Claramente, el caso de Manrique no desdice del resto de curules, entre las cuales se encuentran representantes caros de las comunidades que han sufrido la guerra. Pero sí representa una señal de alarma.

Así mismo resulta evidente que en los territorios que siguen bajo el conflicto armado, como los 16 de las curules de paz, la verdadera democratización sigue pendiente.