La JEP acaba de imputar a nueve militares, dos policías y a un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la toma paramilitar de Barrancabermeja, entre 1998 y 2000. ¿Cómo ocurrió?
La noticia es de enorme importancia y demuestra un avance concreto en afrontar uno de los principales factores de persistentica del Conflicto armado: La impunidad.
La Comisión de la Verdad dedicó especial atención a Barrancabermeja y al Magdalena Medio, un territorio donde se cruzaron la riqueza petrolera, la organización sindical, las luchas sociales, la presencia guerrillera, la expansión paramilitar y la actuación de la Fuerza Pública. Barrancabermeja no fue simplemente otro escenario de la guerra: por su importancia económica y política era un territorio estratégico cuya disputa terminó transformando profundamente la vida de sus habitantes.
Caso «Reconfiguración territorial de Barrancabermeja y la economía petrolera
Este caso indaga sobre la reconfiguración territorial de Barrancabermeja a causa del conflicto armado y el papel que jugó la economía petrolera regional en el periodo comprendido entre 1975 y 2005
La violencia paramilitar buscó expulsar a quienes eran considerados parte del “enemigo”: guerrilleros, pero también sindicalistas, defensores de derechos humanos, dirigentes comunitarios y habitantes de determinados barrios. La JEP reconstruyó 14 masacres, identificó 473 víctimas individuales y estableció, entre otros hechos, 431 asesinatos y 85 desapariciones forzadas y sostiene que aquella ofensiva fue sostenida por una alianza entre integrantes de la Fuerza Pública, paramilitares y el entonces funcionario de seguridad de Ecopetrol.
Aquí aparece una conexión fundamental con lo que la Comisión de la Verdad llamó a esclarecer: el conflicto colombiano no puede entenderse solamente a partir de los grupos armados. También es necesario examinar las relaciones entre actores armados, agentes estatales, poderes políticos y sectores económicos.
La Comisión reconoció que el sector empresarial no es un sector homogéneo y que hubo entre su directivos y empleados, claramente víctimas del conflicto armado; fueron víctimas de secuestro, extorsión, asesinato y muchas de ellas, ubicadas en territorios en disputa, tuvieron graves pérdidas económicas y afectaciones que amenazaron su existencia. Pero también fue evidente que, en territorios específicos, algunas de ellas hicieron parte de los entramados de la guerra: la patrocinaron, la usaron como una manera de tramitar los conflictos sindicales y obtuvieron réditos del desplazamiento y el despojo.
Espacio de Escucha con empresarios víctimas de secuestro y sus familiares
Por eso, el caso de Ecopetrol resulta particularmente significativo. La JEP señala que José Eduardo González Sánchez, desde su cargo en la seguridad de la refinería, actuó como un “actor bisagra” entre estructuras paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. La investigación encontró que utilizó su posición y recursos institucionales para facilitar esas relaciones.
Este es justamente uno de los asuntos que la Comisión de la Verdad dejó planteados al país. Entre sus recomendaciones está la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades de los distintos actores del conflicto y de enfrentar las condiciones que permitieron la persistencia de la impunidad, incluyendo las relaciones y responsabilidades que puedan corresponder al sector empresarial.
El empresario Mario Zuluaga reconoció su responsabilidad en la financiaron de grupos paramilitares que cometieron muchas de las masacres en el Urabá antioqueño. Zuluaga expresó su arrepentimiento y pidió perdón a las víctimas
La Comisión de la Verdad esclareció patrones, escuchó a las víctimas y reconstruyó las condiciones que hicieron posible la violencia. La JEP tiene ahora la tarea de llevar ese conocimiento al terreno de la justicia y establecer responsabilidadesindividuales.
Por eso resulta tan importante defender su papel.
Quienes no están de acuerdo con la justicia transicional y el sistema integral, se han ocupado de magnificar una narrativa según la cual la JEP es sinónimo de impunidad. Pero ¿qué es lo que acaba de ocurrir en Barrancabermeja? Una jurisdicción está investigando hechos que durante décadas permanecieron sin una respuesta judicial suficiente; está reconstruyendo las alianzas que hicieron posible la violencia y está señalando responsabilidades concretas. Esto no es impunidad. Es precisamente avanzar contra ella. Eso es lo que hoy está haciendo la JEP y es una muy buena noticia para el país. Es la demostración de que la verdad puede abrir camino a la justicia y a los derechos de las víctimas.