Las periodistas de varios medios de comunicación han denunciado el acoso sexual del que han sido víctimas por décadas. Tal como lo señaló la Comisión de la Verdad, la cultura patriarcal se ensaña con las mujeres en la vida social, y peor aún en el conflicto armado.
El movimiento #MeTooColombia, que estalló en marzo de 2026 con las denuncias de acoso sexual contra periodistas de Noticias Caracol, no surgió de la nada. Detrás de las etiquetas #YoTeCreoColega y de los testimonios que se acumularon en redacciones, redes sociales y correos habilitados por la Fiscalía, había décadas de silencio organizado.
de los 1.154 casos de violencias sexuales relatados a la Comisión, el 89,5% de las víctimas fueron mujeres
Ese mismo silencio es el que la Comisión de la Verdad documentó, entre 2018 y 2022, en más de 10.000 testimonios de mujeres de todo el país. Aunque uno habla de conflicto armado y el otro de espacios laborales urbanos, los dos fenómenos comparten raíz: un orden patriarcal que ha usado los cuerpos femeninos como territorio de control.
Mi cuerpo es la verdad
Aquí puedes consultar el tomo “Mi cuerpo es la verdad”, el cual aborda las experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano
El capítulo ‘Mi cuerpo es la verdad’ del Informe Final, el primero que una comisión de la verdad en el mundo dedicó íntegramente a las violencias de género, llegó a una conclusión que los números apenas alcanzan a dimensionar: de los 1.154 casos de violencias sexuales relatados a la Comisión, el 89,5% de las víctimas fueron mujeres. El Registro Único de Víctimas contabiliza más de 32.000 personas sometidas a actos contra la libertad e integridad sexual durante el conflicto, de las cuales el 92% son mujeres y niñas.
la violencia sexual en el marco del conflicto no cambió su naturaleza, simplemente se intensificó
Pero la Comisión fue más allá de la violencia sexual. Documentó también el desplazamiento forzado, el control sobre la vida reproductiva (anticoncepción forzada, abortos obligados, embarazos impuestos) y la persecución a mujeres que ejercían liderazgos comunitarios, políticos o sociales. Alcaldesas, concejalas y lideresas fueron amenazadas, secuestradas y deslegitimadas no solo por sus posiciones políticas, sino por el simple hecho de ser mujeres en espacios de poder.
Mira el reportaje “Mujer y conflicto armado”.
Esta pieza audiovisual recoge los testimonios de Iris y Pastora, dos mujeres víctimas del conflicto que representan el dolor causado por los diferentes grupos armados que se enfrentaron durante décadas en Colombia.
Sobre la comunidad LGBTIQ+, la Comisión encontró un patrón de persecución sistemática ejercida por los grupos armados bajo una lógica explícita de «corrección». Las violencias buscaban que las personas «aprendieran» a ser hombres o mujeres según los mandatos de una sociedad cómplice con esa crueldad.
La explicación que ofrece la Comisión es estructural: la correlación entre el patriarcado, el mandato de las masculinidades guerreras y la histórica desprotección del Estado hacia las mujeres. No fue el conflicto el que creó esta violencia; fue el conflicto el que la exacerbó. Las organizaciones feministas colombianas lo habían dicho antes: la violencia sexual en el marco del conflicto no cambió su naturaleza, simplemente se intensificó, porque su raíz es la desigualdad estructural de género que atraviesa toda la sociedad colombiana.
El silencio impidió que muchas mujeres contaran su verdad durante los años del conflicto por miedo a las represalias, al estigma social que llevan las violencias sexuales y a una institucionalidad que históricamente les había fallado. Ese silencio no fue espontáneo: los actores armados lo cultivaron como estrategia, sabiendo que el miedo y la desconfianza funcionaban como mecanismos de impunidad tan eficaces como las armas. La Comisión identificó un subregistro enorme precisamente por eso. Por eso mismo, que miles de mujeres hayan decidido hablar no es un gesto menor. Cada testimonio rompió una cadena que tomó décadas construir, y fue esa acumulación de voces la que obligó a que esas verdades quedaran escritas por primera vez.
Escucha el testimonio de Luz Mary, quien nació en el Alto Baudó, Chocó, y es víctima de desplazamiento forzado, trabajo infantil y violencias sexuales.
Ella nos enseña cómo tejer amuletos de protección, su alternativa para resistir a diario los desmanes de la guerra.
En ese sentido, el movimiento #MeTooColombia y el enfoque de género del Informe Final son dos síntomas del mismo avance: la violencia ya no puede esconderse tan fácilmente. Eso es un logro real. También lo es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haya abierto el Macrocaso 11, dedicado específicamente a la violencia sexual y a otros crímenes por discriminación de género.
Consulta el Macrocaso 11 de la JEP
Sin embargo, la visibilidad no es suficiente si las estructuras de poder permanecen intactas. Las mujeres colombianas, que son el 51,2% de la población, ocupan apenas el 29% de las curules del Congreso, el mismo porcentaje del período anterior, sin avance alguno en las elecciones de 2026. Según un informe de la Universidad de los Andes publicado en febrero de este año, tres de cada cuatro candidatas han sufrido violencia política, y siete de cada diez reportan agresiones psicológicas o digitales durante sus campañas. La representación existe en papel; el poder real, mucho menos.
Frente a esto, la Comisión de la Verdad formuló recomendaciones en el tomo Mi cuerpo es la verdad, orientadas a garantizar la participación paritaria de las mujeres en espacios de poder y fortalecer la protección de lideresas y defensoras de derechos humanos. El reto no es solo institucional, sino cultural. Que más mujeres cuenten lo que vivieron en una redacción o en los territorios durante el conflicto armado es el primer paso. El segundo, más difícil, es que esos relatos cambien las condiciones que los hicieron posibles.