La Comisión de la Verdad dejó tres lecciones para tramitar la protesta social de manera democrática y que no se repitan crímenes como el de Dilan Cruz.
En días pasados un juez declaró responsable a la Policía por la muerte de Dilan Cruz, un estudiante de secundaria de apenas 18 años que recibió un impacto en la cabeza por una munición disparada por el ESMAD durante las protestas de noviembre de 2019.
Este hecho, sumado a los anuncios del nuevo gobierno sobre el manejo de las movilizaciones sociales, a la decisión de resucitar al ESMAD, y el llamado a la desobediencia civil formulado por la oposición, ha vuelto a situar la protesta social en el centro del debate público. Una vez más, Colombia parece dividida entre quienes consideran que la protesta fortalece la democracia y quienes la perciben, ante todo, como una amenaza para el orden público.
Hace apenas cuatro años, la Comisión de la Verdad dedicó un análisis profundo a esta discusión y dejó lecciones que hoy adquieren una vigencia renovada.
Mira el video ‘Criminalización de la protesta: un síntoma de la persistencia del conflicto’
Diálogo de la comisión de la verdad con Lideres Sociales y expertos sobre Criminalización de la Protesta
La primera es que la protesta social no constituye una anomalía de la democracia, sino una de sus expresiones más legítimas. Muchos de los derechos que hoy damos por sentados existen porque antes hubo ciudadanos dispuestos a protestar por ellos.
El voto de las mujeres, la jornada laboral de ocho horas, los derechos sindicales, el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, el acceso a la educación pública, la Constitución de 1991 impulsada por la movilización estudiantil de la Séptima Papeleta, así como numerosas inversiones logradas en regiones históricamente abandonadas son fruto de personas que decidieron organizarse, movilizarse y exigir cambios. La participación y la movilización social no son un accidente de la democracia: forman parte de su esencia.
La minga por el Cauca: memorias de Pablo Tattay
Un homenaje al movimiento indígena, a sus luchas valientes y sostenidas para construir poder, porque, según se dice en Cauca, “el poder no se toma, el poder se construye”
La segunda lección es que convertir la protesta en un problema de seguridad termina debilitando la democracia. Durante décadas, amplios sectores del Estado interpretaron las demandas sociales bajo la lógica del enemigo interno. Campesinos que reclamaban tierra, sindicatos que exigían derechos laborales, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres y movimientos cívicos fueron con frecuencia objeto de sospecha, estigmatización y, en numerosos casos, de violencia.
Se daba por descontado que las guerrillas eran los gestores de estas protestas y que los manifestantes, sus cómplices. La Comisión concluyó que esta mirada no solo produjo graves violaciones de los derechos humanos, sino que también cerró espacios para la participación democrática y alimentó la persistencia del conflicto armado.
Caso 92: Reconfiguración territorial de Barrancabermeja
La ciudad que se gestó y se configuró sobre proyectos libertarios y movimientos sociales terminó estigmatizada y perseguida
La tercera lección es que la violencia termina deslegitimando las luchas sociales y empobreciendo la democracia. Uno de los aportes más importantes de la Comisión fue mostrar cómo el conflicto armado terminó absorbiendo muchas reivindicaciones legítimas dentro de la lógica de la guerra. Líderes y organizaciones sociales fueron señalados de colaborar con la insurgencia; algunos grupos armados instrumentalizaron movilizaciones para sus propios fines; y, como respuesta, el Estado recurrió con frecuencia a la estigmatización y al uso desproporcionado de la fuerza. El resultado fue devastador: demandas legítimas quedaron desfiguradas, liderazgos sociales fueron perseguidos y las posibilidades de resolver los conflictos mediante el diálogo democrático se redujeron. La violencia no fortaleció las luchas sociales; las distorsionó, las silenció y, en muchos casos, impidió que sus reivindicaciones fueran escuchadas.
Mira el video ‘ Líderes y lideresas sociales, la verdad es con ellos’
La Comisión de la Verdad realizó diálogos denominados “Larga vida a las mujeres y hombres líderes sociales y defensores de derechos humanos” que tenían como propósito reafirmar la relevancia del liderazgo social para la democracia y detener las agresiones en su contra.
De estas tres lecciones se desprende la principal recomendación de la Comisión: sustituir la lógica de la confrontación por una lógica de escucha democrática. Ello supone reconocer plenamente la protesta social como un derecho fundamental; abandonar definitivamente la doctrina del enemigo interno como criterio para enfrentar la movilización ciudadana; fortalecer mecanismos permanentes de diálogo entre el Estado y la sociedad; adecuar la actuación de la Fuerza Pública a los estándares internacionales de derechos humanos; y garantizar investigaciones independientes cuando se produzcan abusos.
En síntesis, una democracia no se fortalece silenciando el conflicto social, sino creando las condiciones para que este pueda expresarse y resolverse sin violencia. Una democracia se fortalece cuando nadie tiene que poner en riesgo su vida para ser escuchado; cuando las instituciones ofrecen canales efectivos de participación; y cuando el desacuerdo deja de interpretarse como una amenaza para reconocerse como una condición natural de toda sociedad plural.
El mayor homenaje que podemos rendir a Dilan Cruz y a todas las víctimas de la violencia asociada a la protesta social consiste en construir una democracia donde el desacuerdo se tramite mediante el diálogo y donde el Estado garantice que nadie vuelva a perder la vida por ejercer el derecho fundamental a la protesta.