El sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad muestra que, aunque Colombia ha logrado avances importantes en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la reparación sigue lejos de estar garantizada y el país continúa acumulando una deuda que no deja de crecer.
La semana pasada, el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM) presentó su sexto informe, un documento que revela una realidad agridulce: Colombia ha logrado avances normativos históricos para las víctimas, pero su arquitectura institucional está hoy estructuralmente desbordada.
Cuatro años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y al final del primer gobierno que debía acoger sus recomendaciones, el balance muestra avances importantes.
Ningún sistema institucional será suficiente si el país continúa alimentando el mismo ciclo de violencia que pretende reparar.
Por ejemplo, la prórroga de la Ley de Víctimas, la formulación participativa del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el aumento histórico de indemnizaciones para mujeres víctimas de violencia sexual, el reinicio de las obras del Museo de la Memoria, los actos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas son logros que responden, en buena medida, a las recomendaciones formuladas por la Comisión. Son pasos que no habrían sido posibles sin décadas de organización y exigencia de las propias víctimas al Estado.
Pero el informe también recuerda que las normas, por sí solas, no reparan. El verdadero desafío sigue siendo convertir esos avances jurídicos e institucionales en derechos efectivos para millones de personas.
Hoy el Registro Único de Víctimas (RUV) supera los 10,2 millones de personas, una cifra que se ha duplicado en los últimos 15 años y que sobrepasa diez veces las proyecciones iniciales del sistema. Esta magnitud ha generado un colapso en la capacidad de respuesta y, al ritmo actual de asignación de recursos, el Estado tardaría 62 años en terminar de indemnizar a las víctimas pendientes. Además, la reparación colectiva avanza con lentitud, especialmente para pueblos étnicos, mujeres y personas LGBTIQ+.
También miles de víctimas en el exterior siguen encontrando enormes obstáculos para acceder al reconocimiento y a sus derechos. Ese universo de exiliados fue calculado por la Comisión en cerca de un millón de personas. El RUV apenas registra 31.282 declaraciones, y más de la mitad de los consulados colombianos todavía no están habilitados para recibirlas.
A esto se suman problemas de articulación entre las entidades encargadas de la reparación, la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas, que impiden que muchas víctimas sean reconocidas plenamente por el Estado.
El mensaje más profundo del Sexto Informe es que la reparación no puede entenderse únicamente como una política para atender las consecuencias del conflicto. También depende de que existan garantías reales de no repetición. Ningún sistema institucional será suficiente si el país continúa alimentando el mismo ciclo de violencia que pretende reparar.
El informe llega, además, en un momento decisivo. En agosto comenzará un nuevo gobierno cuyas propuestas muestran distancia frente a varias de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad, especialmente en asuntos relacionados con la política de seguridad, el enfoque de derechos humanos, la política de drogas y el relacionamiento internacional.
Ese contexto hace aún más relevante el llamado del Comité: preservar y fortalecer la política pública de víctimas, garantizar su financiación y asumir la implementación de las recomendaciones de la Comisión como una política de Estado, no como una apuesta de un solo gobierno.
¿De qué se trata el Comité de Seguimiento y Monitoreo?
Consulta este documento pedagógico sobre su composición y funcionamiento.
Foto: Comité de Seguimiento y Monitoreo
El Comité plantea una exigencia concreta para la nueva administración: adoptar un plan plurianual de indemnizaciones con recursos garantizados, metas verificables e indicadores que permitan medir el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Pero, sobre todo, insiste en una responsabilidad que trasciende cualquier periodo presidencial: detener la producción de nuevas víctimas.
Porque ninguna reparación será suficiente mientras el conflicto siga dejando nuevas heridas, y poner a las víctimas en el centro significa, ante todo, construir las condiciones para que nadie más tenga que convertirse en una de ellas.