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Las sangrientas disputas por la tierra

Tomada de: www.comisiondelaverdad.co

El enfrentamiento entre comunidades de los pueblos Nasa y Misak en Silvia, Cauca, dejó siete muertos y más de cien heridos por una disputa de 800 hectáreas. La Comisión de la Verdad ya había alertado de que las tensiones territoriales entre comunidades étnicas y campesinas podían escalar hacia la violencia.

La semana pasada, en zona rural de Silvia, Cauca, comunidades de los pueblos indígenas Nasa y Misak se enfrentaron a muerte. La razón es una disputa por aproximadamente 800 hectáreas de tierra que llevó a siete indígenas a la muerte y dejó a más de cien heridos. Las imágenes sorprendieron a muchos, pero el problema no es nuevo. La Comisión de la Verdad advirtió sobre la posibilidad de que las tensiones territoriales internas entre pueblos étnicos escalaran hacia la violencia si no se lograban acuerdos de manera urgente.

El Informe Final de la Comisión documentó que, si bien la mayoría de los conflictos por la tierra en territorios étnicos involucran a actores externos, como los grupos armados, el Estado o las empresas, existen fracturas internas que enfrentan a los pueblos entre sí. Según la Comisión, estos conflictos suelen originarse por tres factores: disputas por recursos y linderos, competencia por el liderazgo organizativo y diferencias sobre el uso del suelo. A eso se suman en ocasiones, la intervención equivocada de grupos armados, sectores políticos y también las lentitud o negligencia de las instituciones.

Y no es solo en Cauca. En regiones donde conviven una o varias comunidades étnicas los conflictos por la tierra se repiten.

En el Alto Andágueda (Chocó), la Comisión reconstruyó las guerras que hubo en el pasado entre familias Emberá por el control de la mina de oro de Dabaibe, y que dejaron cientos de muertos y desplazamientos masivos. La magnitud fue tal que llevó a las autoridades regionales a advertir que se estaban «exterminando entre hermanos».

En el sur de Nariño, en el resguardo de Cumbal, la Comisión identificó una competencia directa entre cabildos indígenas y sectores de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) por quién debía dirigir los procesos de recuperación de tierras y administrar los predios obtenidos.

En comunidades Nasa de la frontera entre Caquetá y Guaviare, se presentaron tensiones internas entre familias que querían mantener cultivos tradicionales y aquellas que insistían en sembrar coca, lo que terminó fracturando la cohesión del resguardo.

Otro punto que señaló especialmente a la Comisión es cómo los grupos armados debilitaron los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos. Cuando la guerrilla o los paramilitares ocupaban un territorio, las comunidades perdían la capacidad de resolver sus pleitos de tierra a través del diálogo y la autoridad propia. En el Bajo Atrato, las FARC terminaron suplantando a los conciliadores comunitarios en disputas entre familias, actuando con arbitrariedad y sin considerar la visión colectiva.

Lo que ocurre hoy entre los Nasa y los Misak en Silvia es la materialización de los “desencuentros territoriales” descritos por la Comisión. Los Misak denunciaron que estas tierras habitadas milenariamente por ellos pasaron a control del pueblo Nasa tras decisiones administrativas que ignoraron su historia ancestral.

El Estado ha actuado efectuando delimitaciones o adjudicaciones que ignoran la existencia de conflictos interétnicos previos y las demandas de comunidades que conciben como ancestrales tierras que siguen siendo objeto de múltiples reclamaciones. Cuando las instituciones deciden sin concertar, el conflicto no desaparece: se traslada al territorio.

Para frenar estos conflictos, la Comisión de la Verdad enfatizó la necesidad de repensar el modelo de ordenamiento territorial. Recomendó que el Estado abandone la lógica de imponer decretos y avance hacia modelos de gestión que nazcan del diálogo entre los propios pobladores, asegurando que el desarrollo del territorio sea coherente con las distintas cosmovisiones indígenas.

También recomendó fortalecer las capacidades de las autoridades tradicionales para la resolución de pleitos internos y de linderos, de modo que ni los actores armados ni la institucionalidad externa terminan suplantando a quienes las comunidades reconocen como sus autoridades legítimas.

Es urgente implementar planes específicos que protejan la integridad de los territorios étnicos, resarciendo los daños acumulados por décadas de inseguridad jurídica y física.

Pueblos étnicos y conflictos en Colombia
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