El asesinato del periodista Mateo Pérez es un recordatorio brutal de que en Colombia la libertad de prensa no está garantizada mientras haya conflictos armados.
Mateo Pérez, un joven de 25 años que dirigía el medio digital El Confidente en Yarumal, Antioquia, desapareció el 5 de mayo cuando viajó a Briceño a documentar unos enfrentamientos que hubo entre el Ejército y el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Su cuerpo fue hallado tres días después en una zona rural de ese municipio. Los responsables serían integrantes del grupo armado ilegal, que lo retuvieron, interrogaron y ejecutaron.
El asesinato de Mateo demuestra el enorme riesgo que corren los periodistas en territorios bajo control criminal, donde estos grupos deciden quién entra, quién sale, de qué se puede hablar y quién puede transitar. Como en tiempos pasados, el conflicto armado es hoy el principal factor de amenaza a la libertad de prensa en muchas regiones, y a la vida de quienes ejercen esta profesión.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva un conteo de periodistas asesinados desde 1977 y Mateo es el comunicador número 170 que muere en Colombia en razón de su oficio. También es el 22 en el departamento de Antioquia. Los periodistas regionales son los más vulnerables en el país porque trabajan, como Mateo, con pocos recursos, en solitario, en ocasiones haciendo denuncias que los enfrentan con poderes legales e ilegales.
El anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad titulado «La verdad victimizada: el periodismo como víctima y su rol y responsabilidades en el marco del conflicto» documentó que las afectaciones de la violencia contra la prensa en el conflicto armado han golpeado múltiples derechos: a la vida, a la libertad, a la libre circulación, a la seguridad, al trabajo y al derecho a informar y ser informado. No fue solo una guerra contra personas, sino también una guerra contra la información. Una guerra para silenciar las verdades y mantener un manto de opacidad sobre las realidades regionales y del poder.
La Comisión también señaló que actores armados, como guerrillas, paramilitares y, en algunos episodios, agentes del Estado, usaron el silenciamiento de la prensa como táctica de control territorial. Cuando se constriñe y se limita a la prensa, se abre un espacio a los actores armados para que instalen discursos estigmatizantes o mientan, para manipular a la población y destruir la democracia. La información es un derecho fundamental y los periodistas son en buena medida los garantes de dicho derecho.
La Comisión de la Verdad escuchó a periodistas que vivieron el conflicto armado.
Conoce aquí los testimonios de los comunicadores del Magdalena Medio.
El territorio donde fue asesinado Mateo no es un lugar cualquiera en la historia del conflicto colombiano. Briceño fue elegido en 2015 como zona piloto del desminado humanitario en la fase final de la negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. En julio de 2016 se convirtió en el primer municipio del país donde se ensayó la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Diez años después, el balance es amargo. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), que monitoreó el proceso de sustitución desde el comienzo, identificó desde 2017 que en Briceño había una emergencia provocada por la disidencia del Frente 36, y que la inseguridad era el ‘talón de Aquiles’ de todo el programa.
Después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el Frente 36 creció y se afianzó en el control de las rutas del narcotráfico que atraviesan el norte antioqueño. En octubre de 2025, más de 2.000 personas fueron desplazadas de una decena de corregimientos de Briceño por los enfrentamientos entre este frente y el Clan del Golfo. Esta violencia no se ha detenido y en ese conflictivo contexto es que ocurre el crimen de Mateo Pérez.
Mira el ‘Periodistas: entre el deber de informar y la primicia del conflicto’.
Este fue un espacio de escucha que la Comisión de la Verdad hizo con el objetivo de que este sector contribuya al esclarecimiento y al relato de lo sucedido en el marco del conflicto armado.
Entre las recomendaciones generales de la Comisión de la Verdad, que aplican directamente a la situación de los periodistas, está el llamado a fortalecer las garantías para líderes, defensores de derechos humanos y quienes ejercen labores de veeduría ciudadana; el fortalecimiento de la independencia judicial para investigar y sancionar crímenes contra la prensa; y la implementación integral del Acuerdo de Paz como condición para desmantelar las estructuras criminales que siguen operando en los territorios donde más se necesita información.
Ninguna de esas recomendaciones se implementó a tiempo para Mateo Pérez. El Estado no solo debe garantizar que haya justicia en este caso, sino redoblar las garantías para los periodistas en todas las regiones en conflicto, y garantizar que haya justicia pronta y eficaz.