En lo que va de 2026, cada semana ha ocurrido al menos una masacre en algún rincón de Colombia. La Comisión de la Verdad documentó cómo estos crímenes son usados como una forma de control social y también para simplemente provocar terror entre las comunidades.
Colombia atraviesa un momento crítico en su seguridad en los territorios. Según cifras de Indepaz, con corte al 10 de mayo, en 2026 se han registrado 52 masacres en el país, la cifra más alta de la última década. El aumento de estos crímenes significa, fundamentalmente, que los grupos armados buscan instaurar o consolidar su control en las comunidades y territorios a través del miedo.
La Comisión de la Verdad, en su Informe Final, lo describió claramente: las masacres demostraron que la violencia en Colombia no tiene límites y nunca han sido hechos aleatorios o aislados. Cuando un grupo armado decide asesinar a varias personas en un mismo tiempo y lugar, lo hace para provocar terror y paralizar cualquier intento de resistencia comunitaria o social.
Mira este film que Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad hicieron sobre las masacres de Honduras y La Negra ocurridas en 1988, utilizando material de archivo, fotografía aérea y reconstrucciones en 3D.
Estas masacres son emblemáticas para la historia de la guerra en Colombia, pues ejemplifican la manera en que actores estatales, privados e ilegales, planearon y ejecutaron acciones similares en los años que le siguieron.
Por décadas, las masacres han sido usadas como forma de control social o de vaciamiento del territorio. La Comisión documentó cómo, con estos crímenes, los actores armados obligaban a la gente a huir para dejar el campo libre a economías ilegales como el narcotráfico o la minería. Los paramilitares particularmente las usaron como una forma de imposición de un orden social, donde el grupo armado se erige como la autoridad que «limpia» la zona de quienes consideran «indeseables»: líderes sociales incómodos, jóvenes que no cumplen las reglas del grupo o supuestos colaboradores del enemigo.
La disputa por el territorio
Del total de masacres ocurridas entre 1991 y 2001, la mayoría (55 en total) fueron en el eje bananero y ocurrieron por la disputa entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública.
La Comisión también recalcó que la ejecución de masacres demuestra un control territorial absoluto. Cuando los grupos armados se atreven a cometer estos crímenes a plena luz del día o en zonas habitadas, es porque no tienen miedo de ser perseguidos, o peor aún, porque cuentan con la omisión o connivencia de agentes locales del Estado.
Históricamente, masacres como la de Mapiripán (1997) demostraron cómo el paramilitarismo se expandió gracias a la anuencia de sectores militares para «desaparecer del mapa» a quienes consideraban bases sociales de las guerrillas. Por su parte, las FARC también recurrieron a este método de terror, como en la masacre de La Chinita (1994), dirigida contra desmovilizados del EPL y líderes sindicales, o en La Gabarra (2004), donde masacraron a 34 «raspachines» acusándolos de ser infiltrados de los paramilitares.
Escucha el testimonio de Silvia Berrocal, víctima de la masacre de La Chinita. Ella fue una de las 20 mujeres que fueron escuchadas en la Casa de la Verdad.
Un reciente análisis publicado por Rutas del Conflicto complementa los hallazgos de la Comisión al señalar que las masacres de 2026 tienen matices distintos. Hoy no vemos un dominio hegemónico como el de las antiguas AUC o las FARC, sino un fraccionamiento territorial donde diversos grupos pequeños y disidencias se disputan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander siguen siendo el epicentro de esta tragedia porque funcionan como corredores estratégicos. En estas regiones, la ruptura de pactos de no agresión entre grupos armados ha disparado la violencia letal. Las masacres se han vuelto nuevamente una forma de «marcar» el territorio frente al rival, utilizando la vida de los campesinos y desmovilizados como moneda de cambio en su guerra por el control de las rutas.
El pico histórico de masacres que vive el país en 2026 es el resultado de haber dejado territorios vacíos de Estado tras la firma del Acuerdo de 2016, permitiendo que nuevos actores reciclaran las viejas lógicas del terror. Las recomendaciones de la Comisión son hoy más urgentes que nunca: se requiere una política de desmantelamiento integral de las organizaciones criminales que ataque no solo a sus cabecillas, sino sus redes de apoyo económico y político. Además, es vital fortalecer la independencia judicial para que el asesinato de tres o más personas no sea visto como un «ajuste de cuentas», sino como un ataque directo a la dignidad humana y a la democracia. Colombia no puede seguir permitiendo que la masacre sea el lenguaje con el que se gobiernan sus regiones.