En estas elecciones, la seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. La Comisión de la Verdad criticó el modelo de una seguridad para la guerra, y le apostó a un modelo basado en la protección de la gente. ¿En qué están los candidatos en esta materia?
La Comisión de la Verdad hizo una crítica de fondo al modelo de seguridad que imperó en Colombia durante más de cinco décadas: un modelo atravesado por la lógica de la guerra contrainsurgente. Tras escuchar más de treinta mil testimonios, analizar centenares de documentos y reconstruir más de cien casos, concluyó que ese enfoque no solo es insuficiente para la paz, sino que ha sido parte del problema.
¿En qué consisten esas críticas?
En primer lugar, en su enfoque profundamente militarista. Este modelo tendió a tratar los conflictos sociales y políticos como si fueran escenarios de guerra, convirtiendo a opositores y disidentes en enemigos. Esa lógica no solo favoreció la estigmatización, sino que abrió la puerta a graves violaciones de derechos humanos y, en determinados contextos, a la promoción o tolerancia del paramilitarismo.
El resultado es devastador: cerca de diez millones de víctimas, una democracia restringida en múltiples territorios y una profunda desconfianza en las instituciones. Para la Comisión, este modelo no explica toda la violencia, pero sí es uno de sus factores de persistencia.
Ahora bien, aunque la fuerza pública tiene responsabilidades evidentes, la Comisión fue enfática en señalar que la mayor carga recae sobre los civiles: los presidentes, sus ministros y las instituciones encargadas del control y la justicia. En el diseño constitucional colombiano, el manejo del orden público —y, en consecuencia, de la paz— es una responsabilidad política.
Por eso, sus recomendaciones están dirigidas principalmente al poder ejecutivo. Entre ellas destacan cinco ejes:
- Poner la vida en el centro, por encima de los resultados operacionales.
- Entender la seguridad como un derecho integral, no solo como presencia armada.
- Transitar hacia una doctrina de seguridad humana, bajo conducción civil y en el marco del Estado de derecho.
- Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del sector seguridad.
- Priorizar enfoques territoriales y participativos.
Si se contrastan estas recomendaciones con las propuestas de los actuales candidatos, el panorama revela tensiones claras.
Mira el diálogo nacional ‘Retos para garantizar la seguridad en los territorios’.
El 11 de noviembre de 2021, se llevó a cabo el Diálogo nacional: ‘Retos para garantizar la seguridad en los territorios’ con el objetivo de recolectar recomendaciones para enfrentar las problemáticas de seguridad del país tras los primeros cinco años de la firma del Acuerdo de Paz.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella se ubican lejos del enfoque de la Comisión. Ambos privilegian el uso de la fuerza, descartan los diálogos y proponen expandir el aparato de seguridad y endurecer las penas. Su lectura del país es la de un escenario de guerra, lo que implica un retorno a fórmulas contrainsurgentes ampliamente cuestionadas. Valencia reivindica el modelo de Álvaro Uribe Vélez, mientras De la Espriella mira hacia la experiencia de Nayib Bukele.
En una posición intermedia están Sergio Fajardo y Claudia López. Fajardo apuesta por una presencia integral del Estado en los territorios y no cierra la puerta al diálogo. López, por su parte, enfatiza la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, con un enfoque más punitivo. Ambos intentan equilibrar el uso de la fuerza con intervenciones sociales.
Más cercano a la visión de la Comisión se encuentra Iván Cepeda Castro, quien incorpora elementos centrales como la seguridad humana, la persistencia del diálogo, la implementación del acuerdo de paz y la atención a las desigualdades territoriales, con un fuerte énfasis en derechos humanos.
Sin embargo, hay un rasgo común: todos hablan de fortalecer la fuerza pública, pero pocos abordan con claridad las transformaciones institucionales profundas que exige un cambio de modelo.
El modelo de seguridad y defensa
El Estado colombiano ha sido moldeado para la guerra. Las instituciones, con notables excepciones, actúan en guerra, con marcos discursivos de guerra.
La experiencia reciente lo demuestra. Gustavo Petro llegó al poder con la bandera de la seguridad humana, pero sus resultados han sido, hasta ahora, parciales. Gobernar en medio de múltiples violencias, inercias institucionales y resistencias políticas ha mostrado la dificultad de traducir ese enfoque en cambios estructurales.
Volver sobre las recomendaciones de la Comisión no es un ejercicio retórico. Es, sobre todo, una invitación a repensar la seguridad desde las víctimas y a construir un modelo que, en lugar de administrar la guerra, ponga en el centro la vida.