La JEP acaba de vincular a un centenar de militares, entre los que se encuentran varios generales, a su investigación sobre la violencia paramilitar en Montes de María. La justicia va en la misma línea de los hallazgos de la Comisión de la Verdad en esta región.
A principios de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a más de 116 expolicías y exmilitares a rendir versión libre por su presunta responsabilidad en graves crímenes cometidos en los Montes de María, que van desde masacres hasta ejecuciones extrajudiciales en alianza con paramilitares. Entre ellos hay varios generales, incluso algunos que alcanzaron destacados puestos de mando a nivel nacional.
Este es un paso trascendental para la memoria del Caribe colombiano. La Comisión de la Verdad ya había documentado más de 70 masacres en esta subregión, revelando que lo ocurrido allí no fueron eventos aislados, sino un engranaje de violencia que se sostuvo durante años con la tolerancia deliberada de agentes del Estado, sectores económicos y de la clase política.
Pero ¿por qué miembros de la Fuerza Pública son llamados a responder por crímenes ejecutados materialmente por paramilitares? El Informe Final de la Comisión ofrece una respuesta dolorosa: los militares no solo omitieron su deber de protección, sino que ayudaron activamente a los bloques paramilitares. Adicionalmente, la Corte Constitucional ratificó que la justicia especial para la paz debe concentrarse en los máximos responsables, es decir, en quienes tomaron las decisiones que tuvieron como consecuencia graves crímenes de guerra.
El entramado paramilitar, que en Montes de María incluyó a ganaderos, políticos y agentes del Estado, tanto civiles como militares. Dicha red de complicidades se configuró durante la vigencia de las Convivir, a mediados de la década de los noventa, y se consolidó cuando estas cooperativas perdieron la cobertura legal y sus miembros se declararon abiertamente paramilitares. Entre 1997 y 2001 se alcanzó el máximo pico de esta violencia con masacres como la de Pichilín y Chengue, en Sucre; El Salado y Las Brisas, en Bolívar, entre otras.
Mira aquí completo el encuentro que la Comisión de la Verdad organizó en 2021, donde seis excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconocieron sus impactos en el Caribe y se comprometieron con la no repetición.
El papel de la Infantería de Marina y las unidades de inteligencia fue determinante en este entramado. En varias de ellas, el patrón fue mover las tropas para dejar el camino libre a las AUC. La Comisión también documentó cómo agentes de Inteligencia entregaron a los paramilitares listados con nombres y apellidos de campesinos, líderes y pobladores, a quienes señalaban como colaboradores de la guerrilla para que fueran asesinados.
Dos hitos de reconocimiento de responsabilidad, propiciados por la Comisión, ilustran la sevicia con la que se cometieron los crímenes. El exjefe paramilitar Uber Enrique Bánquez y su grupo pidió perdón por primera vez a las víctimas de la masacre de El Salado en un encuentro que organizó la Comisión junto al periódico El Heraldo, admitiendo que el diseño criminal de la incursión fue posible gracias a la coordinación con la base militar de Malagana para evitar enfrentamientos con las tropas oficiales.
Un grupo de paramilitares a su mando también reconoció masacres y asesinatos, y el modus operandi de complicidades y corrupción que les hizo posible dominar la vida cotidiana de la región.
En febrero de 2020, veinte años después de la masacre de El Salado, dos sobrevivientes se encontraron cara a cara con el exjefe paramilitar ‘Juancho Dique’ en Cartagena.
La sombra de los “falsos positivos” cometidos en los Montes de María también quedó grabada en las declaraciones del coronel (r) Luis Fernando Borja ante la Comisión de la Verdad. Este reconoció haber ordenado el asesinato de 11 jóvenes de Toluviejo, reclutados con falsas promesas de trabajo para ser asesinados y presentados como bajas en combate, una práctica que buscaba simular éxitos militares a costa de vidas inocentes.
Lo sabíamos y seguimos adelante
Engañados por personas al servicio de la Fuerza Pública en Sucre, once jóvenes de Toluviejo dejaron sus hogares en 2007 para perseguir una oportunidad laboral que mejoraría sus condiciones de vida. Tiempo después fueron presentados como bajas en combate por unidades del Ejército a cargo del coronel Luis Borja. En este episodio, María, hija de uno de ellos, dialoga con Borja.
El llamado de la JEP y los hallazgos de la Comisión de la Verdad representan una oportunidad histórica para que los Montes de María empiecen a cerrar sus heridas abiertas. Significa el fin de un negacionismo institucional que durante décadas calificó estas atrocidades como errores individuales o “manzanas podridas”, cuando en realidad constituyeron patrones de actuación basados en la deshumanización y la doctrina que convirtió a la población en enemiga.
Mira el encuentro por la verdad en Toluviejo, donde se hizo el reconocimiento de responsabilidades por las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes estatales.
Para esta región, este proceso de justicia y verdad es el primer paso para reparar a sus comunidades, históricamente estigmatizadas. La verdad que hoy emerge de las versiones libres y de los testimonios recogidos en el Informe Final es la base necesaria para que el Estado se reconcilie con sus ciudadanos y garantice que el uniforme militar nunca más vuelva a usarse para encubrir un crimen. Solo así, los Montes de María podrán transitar de ser un escenario de guerra a ser el territorio de paz y dignidad que sus habitantes han defendido con una resistencia incansable.