En esta nueva fase del conflicto armado, los niños y las niñas están siendo reclutados forzadamente de manera sistemática. Como si fuera poco, ahora también son bombardeados por el Estado.
Es fácil pensar en la guerra en Colombia como un conflicto entre hombres que buscan poder. Pero basta con mirar las cicatrices de nuestros territorios para entender que las heridas más profundas se han escrito en los cuerpos de los más pequeños y no es algo que haya quedado en el pasado. Hoy la niñez sigue siendo el eslabón más frágil de esta cadena interminable de violencia.
Precisamente este año, en un gesto que busca abrir espacios al reconocimiento y reparación, pero que sobre todo confirma una tragedia sistemática, los antiguos miembros del último secretariado de las extintas FARC-EP reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por el reclutamiento y utilización en la guerra de miles de niños y niñas. Pidieron perdón por los tratos crueles y las violencias sexuales y reproductivas que permitieron en sus filas, admitiendo una verdad que durante décadas ellos mismos intentaron matizar.
Ese reconocimiento llega cuando la realidad ya nos pasó por encima y ya nada sorprende. El Informe Final de la Comisión de la Verdad, en su tomo «No es un mal menor» mostró un nivel de horror que el país todavía no termina de asimilar. Entre 1985 y 2018, al menos 64.084 niños, niñas y adolescentes perdieron la vida a causa del conflicto armado. Las cifras de reclutamiento son igualmente devastadoras, los registros oficiales hablaban de más de 16.000 menores de dieciocho años reclutados por grupos armados entre 1990 y 2017, las estimaciones de la Comisión sugieren que el subregistro es tan alto que la cifra real podría superar los 40.000 menores.
Para los grupos armados, los menores nunca han sido sujetos de especial protección. El informe de la Comisión recoge testimonios que detallan cómo a los más pequeños los reclutaban porque eran más fáciles de adoctrinar, más obedientes y menos costosos económicamente.
Tristemente, tampoco lo ha sido para el Estado. Además de la evidente desprotección en la que se encuentran los jóvenes de las zonas de conflicto, el gobierno realizó varios bombardeos a campamentos donde se encontraban menores víctimas de reclutamiento ilegal. Según la ONU, por lo menos 15 murieron en estos hechos, que ignoran el principio de precaución.
Mira ‘Mi historia: ‘La niñez que peleó la guerra en Colombia’
Una serie de cortos de animación que relatan los horrores del reclutamiento forzado y la participación de niños, niñas y adolescentes en más de cinco décadas de conflicto.
Imagen tomada de: web.comisiondelaverdad.co/
Lo que más inquieta es que no estamos hablando de algo que ya pasó. A inicios de este año, la Defensoría del Pueblo detalló que en 2024 se registraron 651 casos de reclutamiento forzado de menores, y en 2025 la cifra alcanzó los 257 casos comprobados, a pesar del alto subregistro debido al temor que hace que las familias decidan no presentar denuncias. Grupos como el Estado Mayor Central y el ELN siguen alimentando sus filas con menores de edad, especialmente en regiones como el Cauca, Antioquia y Chocó.
Organizaciones internacionales como Unicef también han alertado que el número de niños y niñas reclutados en Colombia se ha cuadruplicado en los últimos cinco años y, en promedio, un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en nuestro país.
Eso sí, la guerra también ha mutado para los menores y ya no son raptados en la puerta de la casa. Según un reciente informe de Crisis Group, las dinámicas de captación han cambiado hacia el engaño digital y la explotación de la miseria. Los grupos armados utilizan TikTok y Facebook para ofrecer una ilusión de riqueza y estatus a jóvenes que crecieron en hogares donde el hambre es la única constante.
Escucha el testimonio de Olga María
quien sigue preguntándose cómo habría sido su vida si a su padre no lo hubieran desaparecido
Imagen tomada de: www.comisiondelaverdad.co/
La Comisión también documentó cómo existen otras violencias «invisibles» que fracturaron el alma de nuestra infancia, como la orfandad. Miles de niños crecieron con la ausencia definitiva de sus padres, asesinados o desaparecidos, enfrentando una soledad que el Estado tardó décadas en reconocer. La orfandad por el conflicto dejó a estos niños a la deriva, obligándolos a asumir roles de adultos, a trabajar para sostener a sus familias rotas y a ser más vulnerables ante abusos de todo tipo.
Ante este panorama, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son un mandato urgente. La reconstrucción de Colombia pasa por asegurar que los territorios dejen de perder a su población más joven y que la verdad sobre lo ocurrido nos permita sanar esos impactos que han pasado de generación en generación. Acordarnos de la verdad es reconocer que les debemos una infancia que aún estamos a tiempo de salvar.