La Amazonía colombiana vuelve a estar en el centro de las preocupaciones nacionales. La deforestación, la ganadería, las economías ilegales y la persistencia de grupos armados amenazan uno de los territorios más importantes para la biodiversidad del planeta. Los anuncios de flexibilización minera y el memorándum de acuerdo entre EEUU y Colombia sobre minerales críticos y tierras raras profundizan los riesgos.
La Amazonía no es solamente una inmensa reserva natural. Es el territorio de 64 pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes que han construido formas de vida y conocimientos fundamentales para su conservación. Sus selvas regulan el clima, participan en el ciclo del agua y albergan una extraordinaria diversidad de especies. Lo que allí sucede trasciende sus fronteras y compromete el futuro ambiental de Colombia y del planeta.
Detrás de la destrucción de la selva hay una historia que Colombia no puede seguir ignorando: la de una región sometida durante décadas a la explotación de sus recursos, el abandono estatal, el despojo y las violencias de la guerra.
Las verdades de la selva amazónica
Reconocer al territorio como sujeto de derechos y que el Estado y la sociedad garanticen su protección y cuidado, son caminos hacia la no repetición del conflicto armado en los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía.
La Comisión de la Verdad se adentró en esa historia: reconstruyó las relaciones entre la guerra, las economías extractivas, las disputas por la tierra y las resistencias de las comunidades. Su investigación reveló el rostro de otra Colombia: una región tratada como periferia y despensa de recursos, antes que como un territorio habitado por pueblos con derechos, culturas y proyectos de vida propios.
Uno de sus principales aprendizajes es que la guerra amazónica no puede entenderse únicamente como una confrontación entre grupos armados. Sus raíces se encuentran también en la colonización que desconoció los derechos territoriales indígenas, las promesas incumplidas de reforma agraria, el abandono de la economía campesina y las sucesivas bonanzas del caucho, las maderas, el petróleo, la coca y el oro. La Amazonía ha sido concebida como una fuente inagotable de riquezas, mientras sus habitantes han soportado el despojo, la exclusión y la violencia.
La economía de la cocaína ilustra esta complejidad. La Comisión mostró cómo el debilitamiento de la economía campesina y la ausencia de alternativas contribuyeron a la expansión de los cultivos ilícitos. La coca se convirtió en fuente de financiación de los actores armados y, al mismo tiempo, en medio de subsistencia para campesinos e indígenas desatendidos por el Estado. Sobre esta economía se desplegaron políticas de seguridad que también produjeron graves violaciones de derechos humanos y estigmatización de las comunidades.
El informe documentó el reclutamiento de menores, las violencias sexuales, los desplazamientos, las desapariciones y la persecución de líderes sociales. Pero también reconoció las resistencias de los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y las comunidades afrodescendientes que han defendido sus territorios y preservado sus culturas. Esta es una lección fundamental: los habitantes de la Amazonía no son obstáculos para el desarrollo ni simples beneficiarios de las políticas públicas. Son protagonistas de la construcción de paz y poseen conocimientos indispensables para proteger la selva.
Estas enseñanzas adquieren especial relevancia frente a las orientaciones anunciadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Tres asuntos merecen atención: la fumigación aérea de cultivos de coca, el énfasis en la recuperación militar del control territorial y la política ambiental, en particular la intención de flexibilizar la minería.
Colombia adentro – Región amazonía
Los ojos del jaguar han visto rostros, luchas, visiones del mundo, balas, sueños. La naturaleza también ha visto. Siempre ha tenido sus ojos abiertos. Cada visión del jaguar, de la tierra, del viento, de las hojas, del sol, de las nubes es una constelación que, junto con las demás, forman un cosmos que cuenta una sola historia.
El anuncio de recurrir a la fumigación aérea obliga a recordar las lecciones de la Comisión. Combatir el narcotráfico es una obligación del Estado, pero erradicar los cultivos sin transformar las condiciones que los hicieron posibles corre el riesgo de repetir una historia de estigmatización y violencia. ¿Qué alternativas tendrán las familias campesinas? ¿Cómo se garantizará una sustitución sostenible? ¿Cómo se afrontarán los daños ambientales? La respuesta no puede limitarse a eliminar los cultivos: debe enfrentar las redes que se benefician del narcotráfico y ofrecer tierra, oportunidades económicas y garantías a las comunidades. De lo contrario, los costos volverán a recaer sobre quienes ocupan los eslabones más vulnerables de esa economía.
La segunda alerta tiene que ver con el énfasis en recuperar el control territorial mediante la fuerza pública. La Amazonía necesita protección frente a los grupos armados que reclutan menores, amenazan a las comunidades y controlan economías ilegales. Pero la recuperación del territorio no puede reducirse a la presencia militar. La Comisión documentó cómo la militarización, sin garantías de derechos ni transformación de las condiciones sociales, dejó profundas heridas en la región. El Estado debe hacerse presente también mediante educación, salud, alternativas productivas, seguridad jurídica sobre la tierra y protección de los liderazgos sociales. Recuperar el territorio significa, ante todo, que sus habitantes puedan vivir sin amenazas y decidir sobre su futuro.
El tercer asunto es ambiental. En particular la intención de flexibilizar la minería y el memorándum firmado con Marco Rubio.La preocupación adquiere una nueva dimensión con los anuncios de flexibilización minera y el marco de cooperación firmado por el gobierno de Abelardo de la Espriella con Estados Unidos para impulsar las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. Aunque el memorando no autoriza por sí mismo proyectos de explotación, sí abre una agenda de cooperación para identificar oportunidades de inversión y fortalecer el procesamiento de minerales. En un país cuya Amazonía ha padecido los efectos del extractivismo, el acaparamiento de tierras y la violencia, resulta indispensable preguntar cuáles serán las salvaguardas ambientales y territoriales, cómo se garantizarán los derechos de los pueblos indígenas y qué mecanismos permitirán la participación efectiva de las comunidades. La Comisión de la Verdad recordó que la selva no puede tratarse como una despensa de recursos disponible para los intereses económicos. La búsqueda de minerales estratégicos no debería reproducir esa historia.
Mujeres, despojo, resistencias y afrontamientos de mujeres en la Orinoquía y la Amazonía
La Amazonía no es un territorio vacío ni un problema exclusivo de sus habitantes. Su destino compromete nuestra capacidad para construir una nación más justa, democrática, reconciliada con la naturaleza y con la riqueza pluriétnica de nuestro territorio. No habrá selva protegida mientras sus pueblos sigan amenazados, ni paz duradera mientras sus territorios continúen sometidos a la violencia y al despojo.