El legado que deja el sacerdote jesuita Javier Giraldo es una oportunidad para reflexionar sobre la lucha por la justicia y la memoria en un país con diez millones de víctimas. Muchas comunidades de fe han trabajado para abrir caminos de esperanza en medio de la incertidumbre y la violencia. Pero no todas.
Durante décadas, Javier Giraldo estuvo al lado de comunidades campesinas, familiares de desaparecidos y personas perseguidas. Documentó crímenes del Estado y de los paramilitares, acompañó el dolor y convirtió la defensa de la dignidad humana en una forma de ejercer su sacerdocio. Su lugar estuvo junto a quienes tenían menos poder y menos posibilidades de ser escuchados.
Escucha al Padre Javier Giraldo sobre el paramilitarismo en el Magdalena Medio
Quizás por eso su muerte nos devuelve una pregunta que la Comisión de la Verdad dejó planteada: ¿qué papel juegan las comunidades de fe en la construcción de la paz?
La pregunta es importante porque las iglesias y comunidades religiosas tienen un enorme poder cultural. Están presentes en los territorios y acompañan la vida cotidiana de millones de personas. Contribuyen a formar las ideas con las que una sociedad interpreta el mundo, reconoce al otro y establece sus fronteras entre quienes pertenecen y quienes quedan por fuera.
La Comisión de la Verdad encontró una realidad contradictoria. Muchas comunidades de fe estuvieron del lado de las víctimas, acompañaron a quienes sufrían y trabajaron por la convivencia. En razón de esto, algunos de sus miembros, sufrieron diversas formas de victimización. Según Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, recibida por la Comisión de la Verdad, durante el conflicto armado, al menos 284 religiosos fueron afectado de manera directa durante el conflicto armado: 121 casos de asesinato selectivo, 44 desapariciones forzadas, 43 masacres, 73 secuestros y 3 casos de violencia sexual.
Espacio de Escucha comunidades de fe:
En el video se muestra un resumen sobre los espacios de escucha y diálogo con miembros de comunidades evangélicas y católicas realizados por la Comisión de la Verdad.
Pero también encontró momentos y sectores en los que algunas iglesias contribuyeron a la estigmatización, la exclusión y la construcción de enemigos. Hablamos de segregación de personas por su condición de género o sexual, o por sus creencias políticas se les tildó de peligrosas, inferiores o indignas. También, como lo señaló Francisco de Roux en una constancia histórica, hubo momentos de mucho silencio e indiferencia, mientras el país se desangraba.
Constancia Comisionado: Francisco de Roux
«Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo la Iglesia, a mi juicio, pudo haberse jugado mucho más a fondo, sin miedo, a todo riesgo, para que los ciudadanos superaran la indiferencia y el negacionismo, para poner en evidencia el racismo, las estigmatizaciones entre los mismos creyentes y la injusticia contra los sectores excluidos, la connivencia con el mal, la corrupción y la impunidad y sobre todo los centenares de miles de muertes entre hermanos. Se trataba de una acción no partidista, radicalmente humana, propia de la pasión de Dios por el ser humano.»
Por eso la Comisión incluyó a las comunidades de fe entre los actores fundamentales para la transformación cultural que Colombia necesita para vivir en paz. Porque reconoció que las iglesias y los líderes religiosos tienen gran influencia y legitimidad en las comunidades, sobre todo en las que más sufren el conflicto. Prueba de ello es que cuando se lo han propuesto, este tejido espiritual ha sido clave para que los sobrevivientes afronten el duelo, se mantengan en resistencia pacífica y exalten la memoria de sus seres queridos.
Que las comunidades de fe sean espacios donde se aprenda a escuchar al que piensa distinto; donde las víctimas de todas las orillas sean reconocidas; donde el perdón no signifique olvido ni impunidad; y donde la defensa de la vida no dependa de quién sea la persona que está en peligro.
Hermana Yolanda Cerón
Uno de los casos analizados por la Comisión de la Verdad fue el de la Hermana Yolanda Cerón. Quienes la asesinaron reconocieron su responsabilidad ante familiares y comunidades afectadas.
La Constitución de 1991 marcó una ruptura fundamental con el pasado: Colombia dejó de ser un Estado confesional y se definió como un Estado laico, pluralista y respetuoso de la libertad religiosa. Esto supone una necesaria separación y autonomía entre el Estado y las iglesias: el Estado no puede imponer ni privilegiar una creencia, pero tampoco puede desconocer o perseguir ninguna. La laicidad, por tanto, no significa una sociedad sin fe, sino un Estado que garantiza que todas las creencias —y también quienes no profesan ninguna— puedan convivir en igualdad. Y precisamente porque el Estado debe respetar todas las creencias, las comunidades de fe deben tener plena libertad para ejercerlas y para participar en la vida pública desde sus convicciones, sin menoscabo del espíritu laico de las instituciones.
El llamado que nos deja la Comisión de la Verdad no es a abandonar la fe, sino a ejercerla desde una opción inequívoca por la paz: que ninguna creencia sea utilizada para excluir, estigmatizar o alimentar el odio, y que todas puedan aportar, desde su propia tradición, a la dignidad humana, al reconocimiento del otro y a la construcción de una sociedad capaz de vivir con sus diferencias.
Como dijo De Roux recientemente, es peligroso utilizar a Dios para justificar la guerra, para levantar nuevos muros entre los colombianos. Por el contrario, las comunidades de fe están para ayudar a derribarlos.
Quizás el mayor legado de Javier Giraldo sea recordarnos que la paz también se construye desde las convicciones más profundas. Que creer en algo implica hacerse responsable de ello. Y que toda fe que aspire a construir paz tiene que comenzar por una pregunta sencilla y radical: ¿Qué hacemos cuando la dignidad del otro está siendo vulnerada?