Los anuncios del gobierno entrante en materia de seguridad urbana ponen sobre la mesa preguntas centrales a la democracia. Nos invitan a volver la mirada sobre casos como los de la Operación Orión y a lo que una y otra vez nos han dicho las mujeres buscadoras sobre lo que significa seguridad.
Uno de los primeros anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella ha sido la creación de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana para enfrentar las organizaciones criminales que hoy ejercen control sobre numerosos barrios del país; una estrategia para enfrentar la extorsión, el crimen organizado y las estructuras delincuenciales en las principales ciudades, aunque todavía no ha explicado con claridad cómo estará conformado, cuáles serán sus competencias ni cuál será su sustento jurídico.
La preocupación es legítima. Miles de personas viven sometidas a estructuras que regulan la vida cotidiana mediante la extorsión, el miedo y la violencia. El Estado tiene la obligación de enfrentarlas. La verdadera discusión no es si debe hacerlo, sino cómo. Para responder a esta pregunta es necesario mirar hacia atrás.
«Las cuchas tenían la razón” fue un grafiti con el que un grupo de artistas hicieron un homenaje a las madres que durante más de dos décadas buscaron a sus hijos desaparecidos en La Escombrera. Este caso encierra una lección sobre la seguridad urbana que el país tardó años en comprender y que los hallazgos de cuerpos por parte de la JEP y la Unidad de Búsqueda pusieron en evidencia: mientras buena parte de Colombia celebraba la Operación Orión como el ejemplo exitoso de recuperación del orden, ellas insistían en que, tras la salida de las milicias guerrilleras, la violencia no terminó. Paramilitares tomaron el control y habían asesinado y desaparecido a sus hijos. Durante mucho tiempo esas mujeres buscadoras fueron estigmatizadas y sus voces fueron desestimadas. Hoy sabemos que tenían razón. El grafiti se reprodujo en muchas ciudades y fue borrado y vuelto a hacer una y otra vez.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad mostró que lo ocurrido en la Comuna 13 no fue un hecho aislado. En ciudades como Medellín, Buenaventura, Barrancabermeja o Cali, la guerra dejó de expresarse únicamente en enfrentamientos armados para convertirse en un sistema de control sobre la población. El poder ya no consistía solamente en dominar un territorio, sino en decidir quién podía trabajar, circular, organizarse, permanecer en el barrio o incluso seguir con vida.
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La Operación Orión representa uno de los ejemplos más elocuentes de esa transformación. La confrontación militar disminuyó, pero el control sobre la comunidad pasó rápidamente a estructuras paramilitares que instauraron un régimen de vigilancia, coerción y desapariciones forzadas.
Esa experiencia explica una de las principales advertencias de la Comisión de la Verdad. La seguridad no puede medirse exclusivamente por el número de operaciones militares o de capturas. Debe evaluarse por su capacidad para garantizar la vida, las libertades y los derechos de la ciudadanía. Allí donde se confundieron las funciones del Estado con las de actores armados privados —como ocurrió con las Convivir en distintos territorios— aumentaron las violaciones de derechos humanos y se debilitó la legitimidad institucional.
La historia demuestra que recuperar el control militar de un territorio no siempre significa recuperar la seguridad de quienes viven en él. Cuando la presencia del Estado no va acompañada de justicia, instituciones legítimas y garantías para la ciudadanía, otros poderes armados terminan ocupando ese lugar. Respondiendo a esto, la Comisión de la Verdad propuso un modelo de seguridad que fortalezca la investigación criminal y la inteligencia, coordine eficazmente a las instituciones civiles, la Policía y la Fiscalía, prevenga las violencias y ponga la protección de la población en el centro de toda política.
Quizá por eso el mural «Las cuchas tenían la razón» incomoda tanto. No solo recuerda a los desaparecidos de La Escombrera. También nos recuerda que las víctimas comprendieron antes que las instituciones los límites de un modelo de seguridad que prometía orden mientras nuevas formas de dominación se instalaban sobre las comunidades.
Cada vez que alguien vuelve a escribir esas palabras sobre un muro, no está defendiendo el pasado. Está recordándole al país que la memoria existe precisamente para orientar las decisiones del presente. Antes de construir un nuevo modelo de seguridad urbana conviene escuchar a quienes ya pagaron el costo de uno que confundió la protección de la ciudadanía con el control militar del territorio. Las cuchas tenían la razón. Y esa sigue siendo una de las lecciones más urgentes para pensar el futuro de las ciudades colombianas.
En el video se encuentra el testimonio de Manuel López Ramírez, rector del colegio Eduardo Santos, quien cuenta la realidad de los niños, niñas y adolescentes de la Comuna 13 y las estrategias para afrontar la guerra, la pobreza y buscar la paz en un territorio golpeado por el conflicto armado.